Tres detenidos y cinco imputados por corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Murcia

Madrid

Agentes de la Guardia Civil están registrando dependencias del Ayuntamiento de Murcia por un caso relacionado con operaciones urbanísticas. Por el momento hay tres detenidos y cinco imputados, según ha podido saber la Cadena SER. Se investigan posibles irregularidades en la firma de convenios urbanísticos. Los agentes han abierto dos cajas de seguridad en sucursales bancarias, titularidad del concejal de urbanismo imputado y un empresario murciano. Los detenidos son el director de la gerencia de Urbanismo, un abogado y un ingeniero. El presidente del club de fútbol Real Murcia Jesús Samper, el concejal de urbanismo y el ex jefe de planeamiento del Ayuntamiento están imputados.

Agentes de la UCO de la Guardia Civil están registrando desde las 8 de la mañana las dependencias de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia por un caso relacionado con operaciones urbanísticas. El juez investiga presuntos delitos de malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Por el momento hay tres personas detenidas sobre los que se ha centrado la investigación. El director de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Alberto Guerra, el abogado urbanista Higinio Pérez Mateos, y el ingeniero Renato de Noce.

Según ha podido saber la Cadena SER, son cinco los imputados: el concejal de urbanismo Fernando Berberana; el presidente del Club de Fútbol Real Murcia, Jesús María Samper; Joaquín Peñalver, ex jefe del Servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; el empresario murciano Francisco Arqués López; y María Isabel Fernández, jefa del servicio de la oficina de gobierno local del consistorio y esposa del detenido y director de gerencia Alberto Guerra. Ambos son personas muy cercanas al alcalde 'popular', Miguel Ángel Cámara.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha informado en un comunicado de que el procedimiento se abrió por una denuncia de la Fiscalía, seguidas en el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, llevada a cabo por el grupo de Delincuencia Urbanística, agentes de la unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción y el grupo de Delincuencia Económica.

Registros en domicilios

Simultáneamente, la Guardia Civil lleva a cabo otros registros en al menos cuatro domicilios y varias empresas de la ciudad. Los registros están vinculados a la investigación y han sido ordenados por la Fiscalía.

Entre los registros llevados a cabo por los agentes desde las 8 de la mañana, destaca el del edificio central de la Gerencia de Urbanismo de Murcia; el despacho profesional de Fernando Berberana, concejal de Urbanismo, el domicilio en Madrid de Jesús Samper y el despacho del detenido Alberto Guerra, actual director de la gerencia de Urbanismo. Además, han entrado en el despacho del arquitecto Joaquín Peñalver, ex jefe del servicio de planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento.

Según ha podido saber la Cadena SER de fuentes de la investigación, los agentes están practicando la apertura de cajas de seguridad en dos entidades bancarias de Cajamar y Cajamurcia. Sus titulares son los imputados Fernando Berberana, concejal de urbanismo del ayuntamiento y el empresario Francisco Arques.

Los convenios investigados

La investigación se centra en los convenios de la zona norte del municipio de Murcia, que abarca toda la zona urbanizable al norte de la autovía A-7, en la que se llevaron a cabo seis convenios urbanísticos a raíz del Plan General del año 2001, con el que se multiplicaba por cinco el número de viviendas a construir.

El primer convenio, en 2001, fue el de Nueva Condomina, con 4.000 viviendas, y con el empresario y dueño del Real Murcia Jesús Samper a la cabeza. La compensación fue el Estadio de Fútbol. Su despacho de Madrid está entre los registros de los agentes.

El segundo convenio, que contemplaba entre 2.000 y 2.500 viviendas, se firmó en febrero de 2005, junto a los terrenos de Nueva Condomina, con otros empresarios. A cambio, la compensación era la rehabilitación del casino, que se terminó hace unos meses.

En mayo de 2005 se aprueban de golpe cuatro convenios más. Cuatro grupos empresariales distintos se hacen con el suelo que quedaba en la zona norte. Alcanzan unas 20.000 viviendas.

El PSOE municipal denunció que la compensación era entre cuatro y cinco veces inferior a su valor de mercado, con lo que el ayuntamiento dejó de ingresar unos 500 millones de euros.