Para el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva: «El gobierno de Zapatero debería defender la aconfesionalidad de España, que recoge la Constitución del 78». A la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica le parece «lamentable» que Benedicto XVI haga esas declaraciones en uno de los países «más maltratados» por la Iglesia donde, asegura, los sacerdotes católicos participaron tanto en la guerra de 1936 como en la represión a la que la dictadura sometió a la población española durante cuarenta años. Para el presidente de la Asociación, Emilio Silva, «tanto el Papa como la jerarquía de la Iglesia en general, han vuelto a demostrar una doble moral al hablar de los años 30 con ese rechazo, sin tener en cuenta el papel que jugó la Iglesia católica tanto en el Golpe de Estado del general Franco como en la dictadura, convirtiéndose en uno de los instrumentos de la represión durante 40 años». Silva asegura que los sacerdotes eran los que escribían las listas de nombres de quienes se enterraban en fosas comunes. También asevera que, durante décadas y a través de los colegios, los curas «maltrataron física y emocionalmente» a millones de personas y denuncia además la implicación de la Iglesia «en el robo de 30.000 bebés, sustraídos a las presas republicanas en cárceles franquistas con la connivencia de los registros bautismales». Silva cree que es «insultante» que el Papa viaje a nuestro país con los impuestos de los españoles, muchos víctimas del franquismo, y se atreva a comparar la situación actual de España al «anticlericalismo de los años 30 sin pedir perdón» a por el apoyo de la Iglesia al alzamiento del 36 y su colaboración con la dictadura. Entonces, dice Silva, el gobierno de la Segunda República intentó construir un Estado laico tal y como se aprobó en la Ley de Libertad religiosa de la Constitución de 1931, de la misma manera que hizo Francia a principios del siglo XX. Silva cree que el gobierno de Zapatero «debería defender que no se trata de anticlericalismo sino de la aconfesionalidad del Estado, que recoge la Constitución Española de 1978».