El Defensor del Pueblo reabre la investigación por las redadas a inmigrantes

Un caso denunciado en Pamplona y las numerosas quejas recibidas por identificaciones de inmigrantes en base a criterios étnicos o "raciales", han hecho que esta institución reabra esta investigación casi dos años después de la polémica circular de la Policía Nacional que establecía cupos de detenciones en las comisarías de Madrid.

Principios de noviembre, media docena de agentes de la Policía Nacional en la plaza peatonal donde están situados los juzgados de Pamplona. Uno de los clientes del despacho de la abogada Lourdes Etxebarría, un ciudadano marroquí acude a un juicio para recurrir la orden de expulsión de España que le habían abierto pero tanto a la entrada como a la salida se le pide la documentación por parte de estos agentes. Al salir del juicio lo detienen en el momento y se le expulsa en menos de 72 horas a su país.

La letrada denuncia que este procedimiento va en contra de la ley y eleva una queja al Defensor del Pueblo que según ha sabido la SER ha pedido al ministerio del Interior que se aclaren estos hechos de Pamplona y le pregunta si se están aplicando esos criterios étnicos a la vez que le vuelve a recordar que este procedimiento de identificación en base a criterios raciales o étnicos va en contra de la legislación no sólo española sino también internacional. Etxebarría asegura que este era el único criterio que utilizan los policías en Pamplona.

Según esta abogada especializada en Extranjería, esas identificaciones a extranjeros se estarían realizando en la Estación de Renfe, en la de autobuses la policía pide documentación constantemente y a las puertas de los propios juzgados.

El perfil étnico, el centro de la polémica

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La clave de toda la polémica es ese perfil racial o étnico. De hecho, según Fuentes del Defensor del Pueblo no se puede utilizar este criterio para deducir quienes han podido cometer supuestos delitos, estas fuentes se preguntan , "¿En una estación de metro donde hay dos mil personas por qué se detiene sólo a los que tienen perfil étnico?" Y señalan que el caso de Pamplona es de los más evidentes de todas las quejas que han recibido de toda España.

"Este caso es aún más exagerado a la puerta de un juzgado contencioso administrativo donde sólo se celebran juicios de extranjería". Estas fuentes aseguran que aunque el ministerio niega que se haga en base a ese criterio racial las numerosas quejas recibidas por el Defensor demostrarían que si lo estarían haciendo. Desde que se reabrió la investigación hace un mes el Defensor no ha recibido respuesta desde el Ministerio del Interior.

Interior siempre ha negado estas prácticas

El ministerio del Interior ha negado en todo momento que esa circular policial se decretara para perseguir a los extranjeros en situación irregular, que las identificaciones se realizan realmente en base a la ley de seguridad ciudadana e insiste en que no se llevan a cabo en base a criterios étnicos.

El caso Rosalind Wiliams

Naciones Unidas ya recomendó a España que no vulnerara el derecho internacional a la no discriminación. En 1992 Rosalind Williams fue identificada por la policía española en la estación de trenes de Valladolid por sus características raciales y por su color de piel. Desde entonces esta ciudadana afroamericana con nacionalidad española emprendió una batalla judicial contra España por vulnerar el derecho internacional a la no discriminación.

El tribunal Constitucional negó que fuera discriminada por razón de la raza por lo que Williams elevó el caso al comité de derechos humanos de Naciones Unidas que le acabó dando la razón en julio de 2009. Desde entonces según denuncia ahora su abogada España no ha cumplido las tres recomendaciones que dio la ONU al Gobierno: reparar el daño que causó a esta ciudadana con una disculpa pública, una indemnización y que pusiera fin a los controles policiales de identidad basados en rasgos raciales. Paloma Soria abogada de la ONG Womens Link que defiende a Williams ha pedido amparo también al Defensor del Pueblo. La ONG ha informado ya de este incumplimiento al comité de derechos humanos de la ONU.