Sarkozy impone a las empresas que pagan dividendos el abono de una prima a empleados

El Gobierno francés ha anunciado este jueves una ley que obligará a las empresas con más de 50 empleados que aumenten la distribución de dividendos a sus accionistas a abonar una prima a los trabajadores. El monto de la prima a los empleados tendrá que ser negociado en el seno de cada empresa y estará exento del pago de las cotizaciones sociales hasta cierto límite, ha indicado el Ejecutivo en un comunicado

Para las empresas de menos de 50 asalariados se prevé un dispositivo similar, aunque será optativo. El Gobierno ha asegurado que un proyecto de ley que recoja estos principios será presentado en el Parlamento antes del próximo verano, con la intención de que el dispositivo pueda entrar en funcionamiento antes de finales de año. El presidente, Nicolas Sarkozy, considera que esta iniciativa actúa contra "los muros del conservadurismo y del inmovilismo" con los que la izquierda, la derecha y el centro impedían poner en práctica esta medida.

En un discurso en el puerto de Le Havre (noroeste), Sarkozy justifica la imposición de la prima porque quiere que la cuestión "avance" frente a "los conflictos sociales, las parálisis, la pesadez administrativa que nos han hecho un mal considerable". Ya antes de su presentación oficial, el dispositivo ha sido muy criticado por la patronal -que ha cargado contra su carácter obligatorio- y por los sindicatos -que quieren una reforma global de la remuneración de los asalariados-. En principio el portavoz del Gobierno, François Baroin, hablaba de una prima de "al menos 1.000 euros" para las compañías que repartan dividendos, lo que generó una lluvia de protestas del Movimiento de Empresas de Francia. La titular de Economía, Christine Lagarde, le rectificaba posteriormente sobre la cantidad.

Al final, con el arbitraje de Sarkozy el monto de la prima se tendrá que negociar en cada empresa entre sindicatos y dirección, aunque será obligatoria para las grandes empresas. La voluntad oficial es que este dispositivo -del que potencialmente se podrían beneficiar hasta ocho millones de asalariados en Francia- tenga carácter permanente.