Martes, 19 de Enero de 2021

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El Tribunal de Cuentas concluye que no hay responsabilidad contable en la gestión de la medalla de Aznar

El Tribunal concluye que "no se ha encontrado ningún tipo de indicio" sobre la existencia de desviación de poder o fraude de ley en la gestión del contrato que se suscribió con la empresa norteamericana Piper Rudnick

El Tribunal de Cuentas, que investiga los gastos generados para la concesión al expresidente del Gobierno José María Aznar de la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos, ha archivado la investigación al no existir ningún supuesto de ilegalidad en la actuación del expresidente y porque no existe perjuicio causado a las arcas del Estado.

La resolución del Tribunal de Cuentas no entra en el fondo del asunto, es decir, si hubo un gasto desproporcionado para el intento de la concesión de una medalla a título particular, pero del análisis de la denuncia presentada, dicen los jueces, no se desprende nada ilícito.

La asociación de juristas Preeminencia del Derecho denunció en su día que el Gobierno de Aznar autorizó un gasto de 2,3 millones de euros en diciembre de 2003 para encargar a la empresa norteamericana Piper Rudnick que gestionara la distinción de la medalla de oro del Congreso Norteamericano que finalmente nunca se concedió.

La denuncia se realizó en primer lugar ante la jurisdicción penal y la contencioso-administrativa y, tras el archivo del caso en ambas vías, los abogados acudieron al Tribunal de Cuentas, que abrió un expediente al respecto en febrero de 2010.

La fiscalía informo al Tribunal que Aznar no incurrió en ningún tipo de responsabilidad contable al contratar en diciembre de 2003 a un ''lobby'' estadounidense para mediar ante los congresistas americanos porque, decía la fiscalía , esta gestión buscaba "la satisfacción del interés público general, independientemente de la satisfacción personal".

La Abogacía del Estado, defendió que no se puede achacar una responsabilidad contable si no existe perjuicio a los caudales públicos. Aun así el Tribunal abrió diligencias por estos hechos y trasladó las actuaciones a su Sección de Enjuiciamento, señalando a Aznar en calidad de denunciado.

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