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Aznar pagó con dinero público a un "lobby" de Washington para conseguir la medalla del Congreso de EEUU

El contrato era de dos millones de dólares, 275 millones de las antiguas pesetas

El Gobierno de José María Aznar contrató por dos millones de dólares a una conocida empresa de abogados de Washington para promover la imagen del ex presidente del Gobierno español en EEUU y para lograr las firmas necesarias que requiere la concesión de la medalla de oro del Congreso. La ex ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, ha reconocido la existencia del contrato, pero ha calificado de "sesgada" la información de la SER al matizar que se usaron "fondos públicos para contratar a una empresa que apoyara los intereses de España".

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El contrato, firmado en secreto tres meses antes de las elecciones, se financió con fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores a través de un cauce extraordinario que garantizaba la confidencialidad. Los fondos se desviaron a través de la Secretaría de Estado para Asuntos Exteriores e Iberoamérica.

El contrato con la empresa de abogados Piper Rudnick, al que ha tenido acceso la Cadena SER, estableció un pago inicial de 700.000 dólares, correspondientes a los siete primeros meses, y mensualidades de 100.000 en los meses posteriores hasta completar los 2 millones de dólares.

El documento no tenía contemplada la relación contractual en caso de que el Gobierno de Aznar perdiera las elecciones.

"REFORZAR RELACIONES"

La cadena SER tiene también el justificante de pago de los 700.000 dólares iniciales, sufragados a través de la Embajada de España en Washington. El ex embajador español en EEUU, Javier Rupérez, actuó como representante del Gobierno español.

En el contrato, la empresa de "lobby" se compromete a "asistir al Gobierno de España en diplomacia pública y comunicación estratégica". Llama la atención que el contrato hable de "reforzar las relaciones con la Casa Blanca" en un momento en el que Aznar presumía de su relación privilegiada con Bush.

La SER también tiene en su poder el desglose de actividades y la minuta de los abogados contratados por el Gobierno de Aznar.

Durante el mes de enero, la propia empresa comunicó al Gobierno español que su trabajo, tal y como se había solicitado, consistió fundamentalmente en fomentar la asistencia al discurso de Aznar ante una sesión conjunta en el Capitolio de EEUU y, por encima de todo, contactar individualmente con congresistas y senadores para pedirles su firma en la resolución que propone la concesión de la medalla de oro del Congreso de EEUU al ex presidente del Gobierno español.

En las semanas anteriores al discurso de Aznar en el Congreso -pronunciado el pasado dos de febrero- la empresa de abogados redactó una carta en nombre del embajador Rupérez "para describir los logros del Presidente Aznar durante sus ocho años de presidencia" a los miembros del Congreso. Los abogados también contactaron con los despachos de los congresistas para "rogar la asistencia" al discurso de Aznar.

Los abogados hacen una facturación detallada del tiempo empleado en redactar esa breve carta que enviaron a los miembros del Congreso.

Uno de ellos, J. Boggs, cobra 805 dólares por una reunión rápida en la embajada de España para discutir el borrador de la carta el 21 de enero; otro abogado, D. Marshall, cobra otros 1.110 dólares el mismo día por valorar el borrador; al día siguiente, J. Pickup, miembro del mismo "lobby", factura otros 1.087 dólares por revisar la hoja en la que se detallan los "logros" de Aznar.

El día 23, un cuarto abogado, I. Sanchez, cobra 672 dólares por una revisión de la carta a la que apenas dedica poco más de una hora de su tiempo.

Se da la circunstancia de que la SER desveló hace meses que la presencia de congresistas y senadores en aquella sesión fue tan escasa que hubo que rellenar apresuradamente los asientos vacíos con empleados del Congreso y turistas que visitaban ese día el Capitolio.

En la facturación se detallan también los esfuerzos del Gobierno español, a través de la compañía de abogados, para conseguir firmas de congresistas y senadores en la resolución que proponía la concesión de la Medalla de Oro del Congreso a José María Aznar "por ser un aliado firme e incondicional de EEUU y por su apoyo a la guerra contra el terrorismo".

La propuesta, aprobada el 15 de mayo de 2003, apenas había logrado unas pocas decenas de firmas a finales del pasado año, tanto que su promotor, el congresista Jim Gibbons, tuvo que dirigirse públicamente a la cámara para "urgir" a sus colegas a que apoyasen la propuesta, sin demasiado éxito inmediato.

Tres meses después de que la empresa Piper Rudnick recibiera los 700.000 dólares del Gobierno español y comenzara su trabajo como "lobby de presión" en el Capitolio, la resolución sobre la medalla de Aznar contaba ya con las 290 firmas necesarias para su tramitación en pleno.

Conseguida esta meta, la propuesta apenas registró unos pocos adeptos más. A día de ayer, contaba con 306 firmas, aunque el Senado ni siquiera ha empezado a tramitar su propia propuesta, necesaria para la concesión de la medalla.

Los abogados de Piper Rudnick realizaron decenas de llamadas de teléfono a los congresistas para ensalzar a Aznar y pedirles su firma en la resolución que propone la concesión de la medalla. Muchas de los congresistas contactados añadieron su firma inmediatamente después de las llamadas. El 30 de enero, cuando se acercaba el discurso de Aznar, los abogados intensificaron su campaña con el envío de 40 cartas y varias llamadas a congresistas, una labor de unas pocas horas por la que cobraron 3.420 dólares.

Los abogados contratados por el Gobierno de Aznar también cobraban por asistir a los actos del propio ex presidente en Washington. I. Sanchez facturó 1.536 dólares por estar presente en una comida en la Cámara de Comercio, ante la que Aznar pronunció un discurso durante una visita a la capital de EEUU. En el desglose de la facturación, los abogados cobran también al Gobierno español 6,63 dólares por gasto en sellos de correos.

PALACIO RECONOCE EL CONTRATO PERO MATIZA

Ana Palacio, que se encontraba precisamente hoy en Washington, ha asegurado hoy a preguntas de la Cadena SER que se trata de un "contrato tipo que tienen todos los países de nuestro entorno". Ha defendido la actuación de la firma de abogados porque cuando Aznar fue a Washington "hay unas gestiones en marcha y que esa firme apoye esas gestiones forma parte del objeto del contrato".

La ex ministra ha negado que los fondos públicos se usaran exclusivamente para que Aznar recibiera la medalla y por eso ha tildado de "sesgada" la información. Según Palacio, no se se usan "fondos para eso sino para contratar a una empresa que en la minuta del primer mes especifica las gestiones que se han hecho, pero no quiere decir hay otra serie de actividades que no las hayan incluido porque no las hayan culminado".

La cadena SER se ha puesto en contacto con la empresa de abogados contratada por Aznar. Este despacho ha declinado comentar los términos del contrato firmado y ha derivado las consultas a la Embajada Española en Washington que de momento se niega a hacer comentario ninguno.

NARANJAS CLEMENTINAS

La cadena SER se ha puesto también en contacto esta misma mañana con el que fuera secretario de estado de Exteriores, Ramón Gil Casares, del PP, quien ha asegurado que se buscaba con la contratación de este lobby mejorar algunos aspectos de la defensa de los intereses de España en Estados Unidos; por ejemplo, el conflicto de las naranjas clementinas.

Se ha negado a responder a la cadena SER, cuando se le ha preguntado si entre los trabajos contratados estaba la promoción personal de Aznar en Estados Unidos y la concesión de la medalla del congreso americano.

Ana Palacio confirma la existencia del contrato

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Ana Palacio: "Hay otra serie de actividades que no se especifican en la minuta"

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Ana Palacio: "Se usaron fondos para contratar a una empresa en apoyo de los intereses de España"

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