Batalla judicial entre Gobierno y comunidades por las oposiciones a maestros
Cataluña, Castilla y León y Navarra plantarán cara al Gobierno en los tribunales
La batalla judicial se produce a pocas fechas de la celebración de los exámenes y deja literalmente en el aire las aspiraciones de decenas de miles de opositores, muchos de los cuales han abonado ya las tasas para presentarse a las pruebas.
Cataluña, Castilla y León y Navarra plantarán cara al Gobierno en los tribunales después de que la Abogacía del Estado haya recurrido sus convocatorias alegando que rebasan la oferta pública de empleo fijada en la ley de presupuestos
Los sindicatos tildan la situación de "despropósito" y piden una reunión urgente a Educación para que el gobierno dé marcha atrás.
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Cataluña, Castilla y León y Navarra han anunciado ya que defenderán sus oposiciones en los tribunales, al no compartir el criterio restrictivo aplicado por la Abogacía del Estado, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Hacienda. "Cataluña es la comunidad autónoma con menos funcionarios de todo el estado, y no se le puede ahora cuestionar la oferta pública de 1.245 plazas cuando hemos aumentado la población escolar. Teniendo en cuenta que la propuesta de la Generalitat se presentó en la Conferencia de Educación y fue avalada por el propio ministerio, yo confío en que el ministro Gabilondo explique a la vicepresidenta Salgado la corrección de nuestra propuesta y consiga dar marcha atrás en este proceso", asegura la consejera catalana de Educación, Irene Rigau.
Argumentos similares esgrimen desde Navarra, que alude a sus competencias como comunidad foral, y Castilla y León, cuyo consejero Juan José Mateos ha asegurado que "les ha sorprendido muy negativamente el recurso". Mateos pide al gobierno que rectifique porque "no es bueno que se judicialice una cuestión de esta naturaleza, máxime cuando cada Tribunal de Justicia puede adoptar criterios diferentes, contribuyendo a generar confusión e incertidumbre".
100.000 opositores en la cuerda floja
De momento, la Abogacía del Estado, siguiendo las instrucciones del ministerio de Hacienda, ha recurrido las oposiciones de estas tres comunidades aunque el proceso podría extenderse en los próximos días a las convocatorias aprobadas en Andalucía, Baleares, Extremadura y Aragón, lo que dejaría en el aire más del 70 por ciento de las 8.700 plazas convocadas este año en toda España.
Los recursos se producen además a las puertas de los exámenes, con decenas de miles de opositores que llevan años preparando el temario y que ya han abonado las tasas correspondientes para presentarse a las pruebas. "Es un auténtico despropósito que hay que corregir de inmediato y que puede tener consecuencias imprevisibles", señala Nicolás Fernández Guisado, presidente del sindicato ANPE. Ante esta situación, los sindicatos de la enseñanza han pedido al ministro Gabilondo una reunión urgente para examinar la situación. "Le pedimos al Gobierno que demuestre que sus prioridades educativas son reales y no sólo ficticias y dé marcha atrás para evitar más perjuicios a los opositores y para evitar dañar, aún más, a la escuela pública española".
El Ministerio de Educación declina comentar el asunto alegando que la interpretación jurídica sobre si se vulnera o no la ley de presupuestos en la convocatoria de plazas de maestros compete a la Abogacía del Estado y debe ser dirimida en los tribunales.
