Martes, 31 de Enero de 2023

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Análisis:

La SGAE, en el ojo del huracán

La entidad de gestión de derechos de autor ha tomado decisiones tan polémicas que ahora lucha por combatir su imagen de una sociedad recaudadora voraz

La gestión de la SGAE, bajo sospecha

La gestión de la SGAE, bajo sospecha / EFE / ÁNGEL DÍAZ

El sueldo de Teddy Bautista y su pensión, el cobro por la explotación musical en peluquerías, conciertos benéficos o incluso de las víctimas de terrorismo, y la escasa transparencia en la gestión de sus beneficios y su repartición han puesto desde hace tiempo en el punto de mira a la Sociedad General de Autores.

Fundada en 1941 para gestionar el cobro y la distribución de los derechos de autor y reformada en 1995 para incluir a los editores, la SGAE ha vivido envuelta en la polémica, especialmente desde la irrupción de las nuevas tecnologías y la tramitación de la 'Ley Sinde', que pusieron al descubierto su enorme poder como lobby (la Unión Europea llegó a abrirle un expediente por vulnerar leyes anti-monopolio) e incrementaron la percepción de sus ansias recaudatorias. Repasamos algunos de los escándalos más sonados.

La lucha contra la SGAE empezó desde su propio entorno. Los artistas que no se inscriben en la sociedad o que tienen en ésta un bajo rango se han quejado durante muchos años de las dudosas prácticas en la distribución de los beneficios por explotación, denunciando incluso el cobro por actuaciones de artistas que no son afiliados a la entidad. La SGAE siempre se ha defendido remitiendo a sus informes y a las auditorías externas que controlan regularmente su gestión.

Sin embargo, más allá de líos internos, la SGAE ha ido formándose una mala imagen entre los ciudadanos por decisiones polémicas. Entre ellas, el cobro en conciertos benéficos o en locales y ceremonias privadas, como peluquerías, bodas o incluso el transporte escolar. Estas acciones han provocado, por ejemplo, que muchos bares emitan música bajo licencia Creative Commons, tras un fallo judicial que los excluía de pagar en este caso a la sociedad. Según los estatutos de la entidad, la SGAE se encarga de gestionar los derechos de cualquier autor hasta 70 años después de su muerte, quedando luego libres de esta propiedad. No obstante, la asociación presidida por José Luis Borau ha mantenido enfrentamientos con varias localidades por la representación de obras teatrales clásicas que son patrimonio de la humanidad o por las actuaciones de charangas en las fiestas y verbenas de los pueblos.

El sentimiento anti-SGAE se acentuó con la tramitación del canon digital y la conocida 'Ley Sinde'. Con Internet consolidado como medio, las asociaciones de internautas han emprendido una batalla, verbal y legal, contra la sociedad a la que acusan de abuso de poder y afán recaudatorio. Por ejemplo, en octubre de 2010, el Tribunal Europeo declaraba ilegal el canon por copia privada, pero la entidad se sigue negando a devolver el dinero recaudado. En cuanto a las presiones para endurecer la famosa disposición segunda de la Ley de Economía Sostenible, la SGAE, junto a otras entidades de gestión, siempre han defendido el modelo francés de sanciones económicas y corte de suministro al usuario infractor. Asimismo, los papeles secretos del Departamento de Estado estadounidense filtrados por Wikileaks pusieron de manifiesto el papel activo de la sociedad en las negociaciones y sus reuniones a distintos niveles para impulsar cuanto antes una ley que "logre salvar al sector musical".

Pero la SGAE no solo ha 'salido a la palestra mediática' por sus controvertidas medidas y reclamaciones, sino también por la figura del presidente de su Consejo de Dirección: Teddy Bautista. El excéntrico músico y empresario ha sido siempre el blanco de las críticas, motivadas en muchas ocasiones por sus declaraciones. Entre ellas, cuando confesó en un chat en la página web de la entidad que cobraba 250.000 euros en 14 pagas y que se jubilará con el 60% de lo que obtiene actualmente. Bautista ha insistido, entre reproches, en que la mala fama de la entidad "es una leyenda urbana", pero en los últimos meses ha impulsado una campaña para lavar su imagen, incluyendo en su decálogo SGAE111@360 la intención de adecuar el sistema de recaudación compensatoria y desechando la idea de emprender acciones legales contra particulares.

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