Teddy Bautista y otros cuatro directivos declaran este domingo

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, tomará este domingo declaración a cinco de los nueve detenidos este viernes por la guardia civil en el marco de la operación Saga que investiga el presunto desvío de fondos de la Sociedad General de Autores a empresas vinculadas con algunos de sus directivos.

El magistrado de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha decidido finalmente tomar declaración este domingo a cinco de los nueve detenidos por su presunta implicación en el diseño de una trama societaria para desviar fondos de la Sociedad General de Autores a empresas vinculadas con algunos de sus directivos. Los otros cuatro detenidos prestarán declaración este lunes. Ruz ya ha recibido el atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con las conclusiones de su investigación. Un documento extenso, prolijo y detallado, según fuentes jurídicas consultadas por la SER.

Entre los llamados a pasar hoy a disposición judicial figura el presidente de la SGAE, Eduardo Bautista. Siempre según estas fuentes, su responsabilidad penal dependerá del grado de conocimiento que tuviera de este entramado societario y del consentimiento que hubiera otorgado al mismo.

La investigación apunta a que el cerebro de este presunto fraude a la SGAE es José Luis Rodríguez Neri, director general de de su filial para el área digital. Neri fue nombrado por Eduardo Bautista y es una persona de su máxima confianza. La guardia civil sostiene que a empresas vinculadas a Neri, como Microgénesis, se habrían desviado desde la SGAE cantidades millonarias a cambio de servicios que nunca se prestaron.

Operación iniciada por Garzón

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El juez Baltasar Garzón abrió diligencias de investigación contra la SGAE en marzo de 2010, después de que la UCO y la Fiscalía Anticorrupción pusieran en su conocimiento las pesquisas que venían realizando entorno a su entramado empresarial. La instrucción la dirige ahora su sustituto, Pablo Ruz.

La operación Saga investiga delitos societarios y contra el patrimonio que los implicados habrían cometido al crear una trama de empresas, prevaleciéndose de su posición dentro de la Sociedad General de Autores, para desviar fondos en perjuicio de la entidad y de sus socios.