El Congreso aprueba definitivamente el retraso de la jubilación hasta los 67 años

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado de manera definitiva la ley de modernización del sistema de la Seguridad Social tras ratificar las 40 enmiendas incorporadas en el Senado, cerrando así un trámite parlamentario en el que el PSOE sólo ha conseguido el apoyo de CiU para impulsar el retraso de la edad de jubilación hasta los 67.

Aunque el Pleno de este jueves no ha votado el conjunto de la norma, sino sólo las enmiendas de la Cámara Alta, los portavoces del PP, PNV, ERC, IU, ICV, BNG y UPyD han recalcado su posición contraria al global de una reforma que, a su juicio, supone un recorte de las pensiones y los derechos de los trabajadores, al tiempo que no garantiza la sostenibilidad de la Seguridad Social.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha negado que la norma suponga "ningún recorte" y ha garantizado que las prestaciones serán más altas en 2027, cuando entren plenamente en vigor estos aspectos. Según Gómez, la reforma garantiza que en el futuro se puedan pagar más pensiones, incluso, más adelante, a partir de 2040 o 2050, las pensiones seguramente se "triplicarán e incluso más", pese a que habrá 18 millones de pensionistas.

Asimismo, ha recalcado que estos aspectos de la norma vienen avalados tanto por los agentes sociales como por el propio Parlamento, a través del Pacto de Toledo, y contemplan un plazo de 15 años, entre el 1 de enero de 2013 y 2027 para introducir progresivamente los cambios.

Otras novedades que incluye la norma son el reconocimiento de un periodo de hasta cinco años de cotización a las madres que hayan interrumpido su carrera laboral por el cuidado de los hijos, así como la integración de las empleadas del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social.

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A cambio de su apoyo, CiU ha conseguido que el Gobierno traspase a las comunidades los edificios propiedad de la Seguridad Social dedicados a asistencia sanitaria pero que eran gestionados por las administraciones autonómicas. En el caso de Cataluña, afectaría a 150 edificios dedicados a asistencia sanitaria.