¿Cuál es el proceso de reforma de la Constitución?
Fijar el déficit en la Carta Magna exige el respaldo de tres quintos del Parlamento
Incluir el techo de gasto para que la Constitución recoja la limitación del déficit, tal y como ha propuesto el presidente del Gobierno y ha apoyado el líder del PP, exigirá una reforma de la Carta Magna, para la que es necesario un respaldo de los tres quintos del Parlamento.
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Para llegar a esta cifra -de tres quintos- no habrá problemas si se ponen de acuerdo el PSOE y el PP, ya que ambos suman 321 escaños en el Congreso (169 de los socialistas y 152 del grupo popular) de los 350 existentes, porcentaje que aún es mayor en el Senado, donde estos dos grupos suman 226 de los 264 que componen la Cámara Alta. En caso de que no hubiera acuerdo, lo que parece improbable en esta ocasión, se tendría que crear una comisión paritaria de diputados y senadores que elaborara un texto para su posterior votación en las Cámaras.
Si aún así no saliera adelante, y siempre que la iniciativa hubiera obtenido la mayoría absoluta en la Cámara Alta, podrá ser aprobada por el Congreso por mayoría de dos tercios. Una vez que las Cortes le hayan dado el visto bueno, la reforma será sometida a referéndum si así lo solicitara una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras dentro de los quince días siguientes a su aprobación.
En el caso de que la revisión, total o parcial, de la Constitución afectara al título preliminar o a los títulos I y II -no es éste el caso-, se procedería a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios y la disolución inmediata de las Cortes. Posteriormente las Cámaras deberían ratificar esta decisión y someterla a referéndum.
Hasta ahora, el Gobierno aprobaba cada año en Consejo de Ministros como decreto-ley el déficit previsto y después lo elevaba al Congreso y Senado para ratificarlo. La llamada 'Regla de oro' trata de establecer que, a partir de 2016, el déficit del presupuesto no puede superar el 0,35% del PIB.
El mayor problema para el Gobierno sería no conseguir aprobar esta reforma en el plazo previsto -dos semanas es la fecha en mente del Ejecutivo- ya que podría coincidir con la disolución de las Cámaras que tiene que llevarse a cabo para respetar el periodo electoral fijado.
