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Un periodista de la Cadena SER, condenado por proteger a sus fuentes en un caso de presunta corrupción

Pedro Jiménez se ha negado en todo momento a identificar a sus informadores. El juez considera que actuando así ha cometido un delito continuado de calumnias

Madrid

El periodista de la Cadena SER investigó durante meses las presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos cometidas por una fundación vinculada al Partido Popular.

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La Cadena SER publicó en marzo del 2007 que la oficina antifraude de la Unión Europea estaba investigando a esta ONG, llamada CIPIE. Se trababa de saber si el dinero público recibido para desarrollar proyectos de cooperación en países del Tercer Mundo estaba llegando a su destino y se estaban realizando los proyectos comprometidos. Pasan los años y la denuncia va tomado forma: la oficina contra el fraude de Bruselas ha recomendado a las autoridades que pidan a la ONG la devolución de parte de esos fondos. El magistrado Javier María Calderón González considera sin embargo en su sentencia que el periodista que desveló el caso es culpable de un delito de calumnias por publicarlo.

La Cadena SER desveló también que algunos trabajadores de esta ONG declaraban que estaban siendo obligados a manipular facturas para tratar de esquivar las investigaciones abiertas por las autoridades. En todo momento se respetó el deseo de estos empleados de no hacer públicos sus nombres ya que temían por su futuro laboral. Durante todo el proceso de instrucción, y hasta el mismo día del juicio, Pedro Jiménez ha respetado el derecho a mantener en secreto las fuentes que reconoce la Constitución Española. Para el magistrado Calderón es culpable de un delito de calumnias. Sostiene que "no fue veraz" y que "la emisión de tales noticias (.....) ni está justificada por el legítimo ejercicio de la libertad de expresión y (...) carece de la diligencia necesaria que debe tener un profesional de los medios de comunicación".

De forma sorpresiva el magistrado preguntó en la fase previa del juicio cómo se publicaría la sentencia en caso de ser condenado el periodista. Y despreció una prueba fundamental aportada en la declaración de los testigos de la defensa: que la Unión Europea había pedido a su Dirección General de Cooperación que se exigiera a esta ONG la devolución de parte de los fondos cobrados.

Pasados cuatro años las informaciones se han demostrado veraces, las autoridades europeas han pedido que se devuelva parte del dinero que se dio a esta fundación para proyectos en el exterior y el Ministerio de Exteriores ha hecho lo mismo, después de una larga auditoría realizada por la Intervención General del Estado. La Cadena SER recurrirá la sentencia.

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