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Martes, 15 de Octubre de 2019

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Un estudio encargado detecta fallos de coordinación entre las administraciones

La Agencia de Evaluación y Calidad cree que la falta de coordinación en las decisiones políticas entre los distintos niveles de la administración provoca ineficiencia en la aplicación de las medidas que adoptan los gobiernos

Uno de los compromisos de Mariano Rajoy es el de proceder a una revisión de la estructura administrativa para acabar con las duplicidades y solapamientos entre las administraciones. El ministerio que dirige Cristóbal Montoro tiene encima de la mesa un informe encargado hace unos meses a la Agencia de Evaluación y Calidad en el que se recogen cuáles son estas duplicidades y se proponen algunas soluciones: buscar mecanismos de cooperación y hacer una evaluación competitiva de la eficiencia de cada servicio son algunas de ellas.

El estudio, encargado hace un año por el gobierno de Zapatero, afirma que la falta de planificación conjunta provoca que algunas iniciativas públicas no funcionen porque una administración frena lo que otra impulsa. Y cita como ejemplo el plan de energías renovables o el plan de seguridad vial que, según la Agencia, solo ha funcionado en las carreteras de titularidad estatal porque no se ha tenido en cuenta el resto de carreteras en su redacción. Los autores del texto también detectan problemas de financiación como el hecho de que una administración tome decisiones que implican que otra institución tenga que aumentar el gasto.

Este primer informe sobre las duplicidades apunta a la falta de organismos de cooperación, a las discrepancias partidistas y al hecho de que muchas decisiones en las comisiones sectoriales tengan que tomarse por unanimidad como causas de los problemas que presenta el estado autonómico.

En cuanto a soluciones, apuesta por la acción conjunta de las administraciones. Por ejemplo, la gestión integral de las subvenciones para evitar sobrefinanciación en algunos casos. O el intercambio temporal de trabajadores para crear una cultura común. Además de pedir que se legisle sobre el funcionamiento de organismos como la conferencia de presidentes o la conferencia de gobiernos autonómicos.

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