El juez abre juicio oral contra Carlos Fabra y el impone una fianza de 4,2 millones
Fabra está acusado de cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales
Castellón
El titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, ha dictado el auto por el que ordena la apertura del juicio oral contra el presidente provincial del PP en Castellón, Carlos Fabra, su ex esposa María Amparo Fernández, el empresario Vicente Vilar y su ex mujer Montserrat Vives.
De izquierda a derecha: el vicepresidente saliente, Vicent Aparici; Carlos Fabra, Esther Pallardó, y la diputada Susana Marqués.
Los delitos atribuidos a Carlos Fabra son los de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal, por los que la acusación popular le reclama 20 años de cárcel, mientras que la fiscalía anticorrupción rebajó a 15 la petición de condena.
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El juez fija una fianza de responsabilidad civil para Carlos Fabra por 4.270.859,6 euros. En el caso de María Amparo Fernández asciende a 1.718.192,8 y Vilar y Vives tienen que acreditar 800.000 euros cada uno.
Si no acreditan la cantidad establecida en el plazo dictado por el juez, éste ordena que se les embarguen "bienes de su propiedad en cantidad suficiente a cubrir dicha suma o acredítese en legal forma la insolvencia".
El caso pasará ahora a la Audiencia Provincial de Castellón que primero decidirá sobre el recurso de nulidad presentado por Carlos Fabra, y después fijará la fecha para el juicio oral, previsto para dentro de unos meses.
¿Cuando comenzó la investigación?
El caso Fabra surgió en diciembre de 2003, cuando la Cadena SER informó de que Vicente Vilar, un empresario de la localidad de Artana (Castellón) había presentado dos querellas contra el entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por cobrarle "comisiones millonarias" a cambio de su mediación ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para la legalización de los fitosanitarios que fabricaba y luego comercializaban ambos a través de una sociedad a nombre de sus esposas, María Amparo Fernández y Montserrat Vives, denominada Artemis 2000.
Ya en 2004, la Agencia Tributaria desveló además que Carlos Fabra habría defraudado a la Hacienda Pública en 1999. Un informe pericial ordenado por la Justicia, desveló después que durante los años sucesivos, de 2000 a 2004, Carlos Fabra había cometido cuatro supuestos delitos fiscales más, cuando la declaración siempre le salió a devolver en el periodo investigado. Después de las últimas alegaciones presentadas por Fabra en 2011, los peritos rebajaron de 5 a 4 los supuestos delitos fiscales cometidos por el presidente provincial del PP.
La acusación popular ha pedido que comparezcan 47 testigos en el juicio. Entre ellos el presidente del Congreso, Jesús Posada, y el ministro Miguel Arias Cañete. Ambos ocuparon la responsabilidad de Agricultura durante los distintos gobiernos de José María Aznar, y según el relato de las acusaciones, recibieron a Carlos Fabra quien habría mediado para que aprobaran las licencias de los productos fitosanitarios que Fabra comercializaba junto a su socio de entonces, Vicente Vilar.
