El fiscal vapulea la instrucción del juez Varela

Primera jornada del segundo juicio contra Baltasar Garzón. En la fase de las cuestiones previas, el fiscal y la defensa han pedido la nulidad del juicio porque el juez instructor, Luciano Varela, corrigió los escritos de la acusación popular, una actividad que tiene "vedada", según el fiscal Navajas. Los querellantes, el autodenominado sindicato Manos Limpias y el colectivo Libertad e Identidad piden 20 años de inhabilitación para el magistrado de la Audiencia Nacional por un delito de prevaricación que habría cometido al investigar los crímenes del franquismo.

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El Ministerio Fiscal ha vapuleado la investigación del juez Luciano Varela contra Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación cometido al haber investigado los crímenes del franquismo. Luis Navajas ha pedido que no se celebre el juicio porque el juez instructor, Luciano Varela, "coadyuvó" para que las acusaciones populares acomodaran los escritos de acusación a lo que dispone la ley y la causa no fuera archivada. Un hecho "insólito e insostenible", ha apuntado Navajas que añadía que en "36 años de ejercicio profesional no había visto nada igual".

El fiscal ha subrayado en su exposición que lo que ha hecho Varela es "castrar el escrito de acusación para que aparezca con más nitidez lo que él quería, generando una auténtica indefensión". Utilizando un símil taurino ha señalado que el instructor "ha devuelto el toro a los toriles porque el morlaco no estaba para una plaza de primera". Se cambia "lo que es inoperante en operante; se transmuta el escrito de acusación para reconstruir lo que era irreconstruible", ha concluido Luis Navajas.

El abogado de la defensa, Gonzalo Martínez Fresneda, también ha pedido la nulidad del juicio por este motivo y por la aplicación de la doctrina Botín, ya que la querella solo la sustenta la acusación popular. Martínez Fresneda ha recordado que el juez Varela expurgó de los escritos de acusación lo que sobraba y pidió a los querellantes que incluyeran lo que faltaba. El resultado final fue un "corta pega" de los autos que había dictado el propio magistrado instructor, con lo que cuando los leyó, ha apostillado el abogado, "se leía a sí mismo".

El letrado ha calificado de "cirugía de caballo" o "poda" las indicaciones del juez del Tribunal Supremo a la acusación popular. El juez penal, ha añadido, "no puede subrogarse en el cometido de la acusación" y la tutela judicial no puede "ni de lejos" legitimar que un magistrado corrija los escritos de acusación. A modo de conclusión ha señalado que Luciano Varela "vulneró la legalidad, tomó partido, incurrió en falta de imparcialidad y sus decisiones produjeron efectos devastadores".

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"Los crímenes más horrendos"

En su turno, la acusación popular, que sostienen el autodenominado sindicato Manos Limpias y el colectivo Libertad e Identidad, se ha opuesto a que se anule el juicio. Aseguran que cuando corrigieron sus escritos de acusación lo que hicieron fue "cumplir con un mandato jurisdiccional", reconociendo explícitamente los consejos del juez instructor. "Lo que le molesta a la defensa es que Luciano Varela perfilara los indicios incriminatorios contra el acusado", ha concluido el letrado que, además, ha expresado su más profundo respeto por las víctimas de los que ha denominado como "los crímenes más horrendos de España", en referencia a las víctimas del franquismo.

En su escrito de cuestiones previas Manos Limpias y Libertad e Identidad han reiterado la recusación que presentaron contra Perfecto Andrés Ibáñez, uno de los magistrados que forma parte del Tribunal que preside Carlos Granados. Una recusación que ya fue rechazada de plano por el Tribunal Supremo.

En la sala hay observadores internacionales de la Comisión de Juristas de Ginebra, Amnistía Internacional o Human Right Watch. Está previsto que durante las 8 sesiones reservadas para el proceso declaren 22 testigos, salvo que prospere la petición de la defensa del acusado de anular el juicio. El Tribunal Supremo ha acreditado a más de 90 medios de comunicación, 42 de ellos extranjeros.

Varios centenares de personas se han concentrado frente a la entrada principal del Tribunal Supremo en Madrid para mostrar su apoyo al juez Baltasar Garzón y reclamar que se juzgue al franquismo criminal. Convocados por el Foro para la Memoria Histórica, a las puertas del alto tribunal se han reunido presos políticos de la dictadura española como Marcos Ana, diputados como Gaspar Llamazares, y víctimas y familiares del franquismo.