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Prohibida la mendicidad en Valladolid con multas de hasta 750 euros

Una treintena de asociaciones recurrirán la singular normativa del Ayuntamiento de Valladolid

Los indigentes que pidan en las calles de Valladolid no sólo estarán expuestos a la desconfianza y la solidaridad de los ciudadanos sino a la acción de la Policía Municipal, que podrá imponer multas de hasta 750 euros por pedir limosna. Es uno de los aspectos que regula la ordenanza 'antivandalismo' aprobada en el pleno del Ayuntamiento con los votos del Partido Popular.

La polémica regulación será recurrida ante los tribunales por 30 asociaciones e Izquierda Unida. El PSOE acusó al alcalde, Javier León de la Riva, de recuperar medidas propias de otros tiempos, en alusión al Franquismo. El regidor popular entiende que quiera colaborar lo puede hacer dando el dinero a Cáritas u otras organizaciones. Asimismo, afirmó que los indigentes que piden limosna son, mayoritariamente, "rumanos gitanos".

El PP defiende la conveniencia de esta norma para mejorar la ciudad y evitar el acoso de los ciudadanos por parte de personas que piden dinero en las zonas peatonales y en las rotondas. "No se trata de perseguir a nadie, sino de regular por el bien de todos", según el concejal de Seguridad, Manuel Sánchez, quien recurrió a normativas similares vigentes en numerosas ciudades del país.

Izquierda Unida asegura que no hay precedentes tan coercitivos en ningún municipio. El portavoz de IU, Manuel Saravia, puso el ejemplo de Barcelona, donde se prohíbe exclusivamente la mendicidad en caso de que coacciones, cuando se impida el tráfico o haya menores o personas discapacitadas. En el caso de la capital castellano-leonesa el artículo es rotundo: "Quedan prohibidas las conductas que adopten cualquier forma de mendicidad en las vías y espacios públicos". Este tipo de redacción -según IU- equivale al texto que Galdós escribió en 1897 en "Misericordia" y la prohibición aprobada en la capital del Pisuerga "sintoniza" con los postulados de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y su antecesor, el ministro Alberto Ruiz Gallardón.

Los antecedentes históricos más retrógrados fueron recordados también por el socialista Oscar Puente, quien invitó al PP a reconsiderar los cambios. Para el PSOE "no hay excusas" ya que la explotación infantil está regulada por el Código Penal de 1995. Además, la treintena de colectivos integrados en la "Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades entiende que con esta ordenanza se "criminaliza y persigue la expresión pública y actividades de todas aquellas ideologías que no encajan con el modelo de ciudad del PP". Además de la persecución de la mendicidad, estas asociaciones reprochan la regulación de la vestimenta o de la desnudez por razones de moral.

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