Dorribo intentó hacer negocios en Cataluña con el hijo de Jordi Pujol

El empresario Jorge Dorribo, principal encausado en el sumario de la operación Campeón, que investiga un presunto fraude en la concesión de subvenciones, intentó hacer negocios en Cataluña con Oriol Pujol Ferrusola, hijo del expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.

Así lo explica el fiscal jefe provincial de Lugo, Javier Rey, en un informe enviado a la jueza Estela San José, que instruye el sumario de la operación Campeón, en el que señala que Dorribo intentó obtener influencias en la concesión sanitaria catalana "en cuya trama se llegó a la identificación como connivente, de Oriol Pujol Ferrusola", en la actualidad, secretario general adjunto de Convergencia Democrática de Cataluña y presidente del grupo parlamentario de CIU en el Parlament.

En este informe, el fiscal relata varios de los negocios que tenía en marcha el empresario gallego Jorge Dorribo en la comunidad catalana. Entre ellos, el fiscal sostiene que se ampliaron las investigaciones por un posible tráfico de influencias en la concesión sanitaria catalana, en cuya trama, sigue diciendo el fiscal, se llego a la identificación como connivente de Oriol Pujol Ferrusola, el hijo de Jordi Pujol.

El fiscal, según este informe, no da más detalles sobre si las operaciones finalmente se realizaron, pero desvela que fueron objeto de investigación por un posible delito de tráfico de influencias.

La Cadena SER se ha puesto en contacto con Oriol Pujol, quien dice no saber de qué se le está hablando y niega por completo cualquier tipo de entrevista, contacto o gestión, con Dorribo o los empresarios relacionados con él.

El Ministerio Público detalla también otra de las operaciones que Dorribo intentó con la Administración catalana, por la que pretendía obtener la concesión de los servicios de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Cataluña, junto con una mercantil alemana.

El fiscal dice que en el curso de la investigación del caso Campeón, el empresario Jorge Dorribo y su esposa estuvieron en tratos con la administración catalana.

En este sentido, el fiscal cita los nombres de Sergio Alsina, Sergio Pastor y Marta Rodríguez, a los que atribuye responsabilidades públicas en la comunidad autónoma de Cataluña.

El fiscal redacta este informe en octubre de 2011 para la juez de Lugo cuando se le consulta si procede enviar el caso al Tribunal Supremo al aparecer un aforado, el exministro José Blanco.

En este trámite, el fiscal, Javier Rey, explica a la juez que antes de enviar el caso a Madrid sería bueno esperar el resultado de una serie de pruebas que sirvan de confirmación de una fuente objetiva de lo que dice Dorribo, como eran los informes de los peritos de la Agencia Tributaria, pero la juez, en cambio, no hace caso y envía al Supremo la exposición razonada contra José Blanco.