Sanidad aclara que los jubilados pagarán por las medicinas entre 8 y 18 euros en función de su pensión

Madrid

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha acordado con las comunidades autónomas implantar por primera vez en la historia del Sistema Nacional de Salud (SNS) el copago de medicamentos para los ciudadanos con pensiones contributivas, que deberán pagar en las farmacias un 10% del precio de los medicamentos con receta que consuman hasta un máximo de 8 ó 18 euros al mes en función de su pensión. En cambio, a los parados que ya han agotado su prestación por desempleo, que antes pagaban un 40%, les saldrán gratis "hasta que encuentren trabajo".

Los ciudadanos activos con una renta inferior a 18.000 euros seguirán pagando el 40% del medicamento, como hasta ahora, mientras que los que tengan un sueldo superior a esa cantidad abonarán el 50% de los fármacos, un porcentaje que se eleva al 60% para aquellos con rentas superiores a los 100.000 euros anuales. En una comparecencia junto a todos los consejeros de Sanidad, salvo la de Andalucía, María Jesús Montero, la ministra ha asegurado que las reformas acordadas se aprobarán el viernes en el Consejo de Ministros, garantizan un sistema sanitario universal, gratuito y de calidad.

Del acuerdo suscrito, que comenzará aplicarse en dos meses, se desprende además el que las familias numerosas aportarán también el 40% del coste de los medicamentos, como hasta el momento. Mato ha aclarado que no va a haber copago sanitario y que el abono de los fármacos en función de la renta no tiene un afán recaudatorio sino "disuasorio", de "poner en valor el medicamento", porque de lo contrario se hubiera aprobado una tasa por receta como existe en Cataluña.

"Los ocho euros al mes que pagarán los pensionistas supondrían menos de 20 céntimos diarios en caso de que fueran todos los días a la farmacia", ha argumentado la ministra, quien, no obstante, ha pedido disculpas a este colectivo y ha destacado que gracias a esta medida no habrá copago sanitario. En este sentido, ha recordado que España es el segundo país del mundo en consumo de medicamentos y que el año pasado se tiraron 3.700 toneladas de ellos, lo que ha supuesto un derroche de 1.200 millones de euros.

La ministra ha informado de que extender la central de compras de fármacos, servicios y tecnologías para lograr los mejores precios, generará un ahorro de 1.500 millones de euros. Además de continuar rebajando los precios de los medicamentos, ha anunciado que va a pedir un "esfuerzo" a los laboratorios para que los envases se adecúen a la duración de cada tratamiento. En esta reunión, se ha decido poner coto a los abusos que comenten los extranjeros que reciben atención sanitaria en España, para lograr que no se pierdan anualmente 1.000 millones de euros por tratamientos que reciben en este país y que luego no se pueden facturar.

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Con este fin, se ha corregido una directiva europea incompleta, donde faltaba un párrafo en el que se prohibía de forma explícita desplazarse a España solo en búsqueda de atención sanitaria. "Hay europeos que tienen más derechos sanitarios que muchos españoles", ha aseverado. También se ha referido a la revisión de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, con la que se establecerá que sea "común" en todo el Estado con independencia de la CCAA donde residan los ciudadanos. El criterio de "calidad, eficacia y eficiencia" lo impondrá la nueva red de agencias de evaluación de tecnologías y prestaciones, algo que, al igual que el resto de medidas acordadas en el Consejo, se pondrá en marcha dentro de dos meses.

"La cartera básica", ha dicho la ministra, será equitativa para todos los ciudadanos y seguirá incluyendo los servicios actuales así como el transporte sanitario urgente. Se determinará también una cartera común suplementaria y otra accesoria, donde estarán incluidas aquellas prestaciones de dispensación ambulatoria, las que son imprescindibles para ciertas patologías y el transporte no urgente, que, actualmente, se presta de manera diferente en cada CCAA.