Cataluña, Euskadi, Canarias y Andalucía se descuelgan del copago en fármacos
Con el objetivo de recortar 7.000 millones de euros, Sanidad impone que los jubilados paguen el 10% de los fármacos
Al término de la reunión que ha celebrado este miércoles la ministra de Sanidad, Ana Mato, con los consejeros del ramo, y en la que se ha acordado una reforma de la Sanidad que garantiza la gratuidad del sistema, el consejero de Sanidad de Cataluña, Boi Ruiz ha dicho que cuando analice las medidas tomará "las decisiones que están comprometidas en el Presupuesto de la Generalitat", entre las que se encuentra el euro por receta.
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El consejero de Sanidad de Cataluña, Boi Ruiz, ha dicho que decidirá si mantiene el euro por receta cuando valore las medidas tomadas en el Consejo Interterritorial de Salud, y ha abogado por más medidas que se podrían estudiar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En este sentido, ha precisado que el euro por receta es una decisión que está comprometida porque es una medida aprobada por el Parlamento catalán. Tras considerar las medidas planteadas como "valientes", Ruiz ha recordado que en Cataluña se ha hecho un "esfuerzo extraordinario en el último año de ajuste del gasto sanitario, manteniendo las prestaciones y el sistema de salud con las características y atributos" que todo el mundo quiere.
En relación al aumento de la participación de los ciudadanos en el gasto farmacéutico, Ruiz ha dicho que "es insuficiente" ante la situación financiera, aunque serán unos recursos que por la vía de la aportación aligerarán a las comunidades de la penuria de financiación. Las medidas, ha dicho, son "bienvenidas" pero hacen falta más para hacer sostenible el Sistema, ya que el objetivo es que el mismo "no decaiga". Ha añadido que se han tomado decisiones "duras" porque es difícil decir a los ciudadanos que tendrán que pagar más por los medicamentos que se les prescriban.
Por último, ha puntualizado que las comunidades han ido "al máximo" de sus competencias y ha destacado que en el caso de Cataluña han hecho un "esfuerzo muy notable", que también va acompañado del esfuerzo hecho por el Ministerio de Sanidad.
La diputada en el Congreso y miembro de la Ejecutiva Regional y Provincial del PSOE, María José Rodríguez, ha reprochado este miércoles al Gobierno central "el recorte brutal" en educación y sanidad, lo que supone un "empeoramiento" en la calidad educativa y sanitaria que conllevaría "la pérdida de más de 3.000 puestos de trabajo". La diputada socialista ha incidido en que "unos 1.500 profesionales podrían verse afectados, como consecuencias de dichos recortes, de los 6.300 profesionales que hay en plantilla". Además, ha destacado "la mala noticia" que supone el copago farmacéutico, que "afectará especialmente a unos 50.000 jubilados de la provincia", uno de los sectores de población "más castigados" con el IRFP, la congelación de la Ley de Dependencia, y que ahora tendrán que pagar "injustamente un copago" de un 10% del coste de los medicamentos.
Cayo Lara considera las medidas un "atentado" contra los pensionistas
El coordinador federal de IU, Cayo Lara, cree que el copago farmacéutico anunciado por la ministra de Sanidad, Ana Mato, se trata de una medida que va en la línea de "castigar más" a la mayoría social y de "premiar" a los más ricos. En una comparecencia en el Congreso, el líder de IU ha señalado que lo que él califica como "repago" sanitario puesto que la sanidad ya se sufraga vía impuestos, es una medida que "viola" el compromiso del PP con la ciudadanía, que reiteradamente, según ha dicho, había asegurado que la sanidad no iba a tocarse.
Además de atacar directamente la medida, Lara sostiene que los "más defraudadores" saldrán "ganando" con esta operación. Ha explicado que no ve necesario el copago sanitario cuando existe margen para aumentar los impuestos a los más pudientes y, en este sentido, ha dicho que la carga impositiva en España está ocho puntos por debajo de la media europea.
Está a siete puntos del PIB de la media europea en gasto social y ocho puntos por debajo en cuanto a la presión fiscal. Sin contar con que el gasto social es siete puntos inferior a la media de la UE y la inversión en sanidad está por debajo de Alemania y Francia, tanto en comparación con el Producto Interior Bruto como en gasto por habitante.
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