El fiscal se opone a que se admita la querella contra Dívar
El Ministerio Público insiste en que no hay indicios de que el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial haya cometido delito de estafa, apropiación indebida o malversación de caudales públicos
El teniente fiscal de Tribunal Supremo, Juan Martín-Casallo, ha solicitado a la sala de lo penal que no admita a trámite la querella que la asociación Preeminencia del Derecho presentó contra Carlos Dívar por sus viajes a Marbella pagados con dinero público. El informe subraya que es muy difícil delimitar la actividad pública de la privada cuando se trata de una autoridad en sintonía con los argumentos de Dívar que ha venido sosteniendo que él es Presidente del Poder Judicial 24 horas al día.
Más información
- El PSOE recuerda que Dívar se ofreció a comparecer cuantas veces se le pida
- El Supremo pide a la Fiscalía que remita la información de los viajes de Dívar
- El PSOE pedirá la dimisión de Dívar si no comparece en el Congreso de los Diputados
- La mitad de las cenas para dos de Dívar fueron en sábado
- Tres vocales del Poder Judicial ponen en evidencia a Dívar
- El Supremo avoca a pleno la querella contra Dívar
- Dívar, más cerca de comparecer en el Congreso
- El pleno de la sala de lo penal decide el futuro de Dívar
- Las asociaciones judiciales reaccionan ante la decisión del Supremo de rechazar la querella contra Dívar
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido a la sala de lo penal que no admita a trámite la querella de la asociación Preeminencia del Derecho contra Carlos Dívar por sus viajes a Marbella pagados con dinero público. El colectivo sostiene que el Presidente del Poder Judicial pudo haber cometido los delitos de estafa, apropiación indebida o subsidiariamente de malversación de caudales públicos.
El informe que firma el teniente fiscal Juan Martín-Casallo descarta de plano los dos primeros delitos y concluye sobre el de malversación que tampoco se dan los requisitos necesarios para que se abra la investigación. Sostiene el fiscal que Carlos Dívar no es funcionario público, sino autoridad, con lo que "resulta muy difícil delimitar la actividad pública de la privada a efectos de establecer cuando debe darse por terminada una para entender comenzada la siguiente". El Presidente del Poder Judicial ya argumentó en su defensa que él ocupaba el cargo 24 horas al día.
El documento recuerda que no existe una norma que "establezca un uso perfectamente reglado en cuanto a la justificación de gastos", con lo que no se le puede exigir al Presidente a posteriori "que justifique el motivo del viaje, la razón del alojamiento o la persona o situación que generó la atención protocolaria". Los gastos bajo sospecha de Carlos Dívar en esos veinte viajes a hoteles de lujo de Puerto Banús ascienden a casi 13.000 euros.
Pedro Jiménez
Redactor Jefe en la Cadena SER. Antes he pasado por los equipos de Hora 14, Radio Madrid, Fin de Semana,...