Asociaciones judiciales reaccionan ante el rechazo del Supremo de la querella contra Dívar
Alguna de ellas coinciden en que la situación de Dívar y su negativa a dimitir no durará mucho ya que, aunque puede ser que su conducta no encaje en un posible delito, creen que no supone que los gastos y gestiones sean admisibles
Las reacciones de las distintas asociaciones judiciales ante el rechazo del Supremo a la querella contra su presidente Carlos Dívar no se han hecho esperar. Alguna de ellas coinciden en que la situación de Dívar y su negativa a dimitir no durará mucho en el tiempo. Es la opinión de José Luis Armengoll, presidente de la asociación Francisco de Vitoria y juez decano de Madrid. Según Armengoll, la decisión era la esperada en el ámbito jurídico a raíz de que se dirigiera a la sala Segunda. Hay una inadmisión porque entienden que no hay ilícito penal, sin embargo, el consejo está muerto. Lo que tiene que hacer Dívar es dimitir y que se proceda a un nuevo presidente del CGPJ y del Supremo". En cuanto al pleno extraordinario, y como una percepción personal "si no es antes del día 21 será ese día, es una convicción personal", matiza Armengoll.
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En la misma línea se ha manifestado la asociación Jueces para la Democracia, su presidente Joaquim Bosh cree que aunque sólo 4 magistrados consideran que los viajes de Dívar tienen que ser investigados, frente a los 11 restantes, piensa que los hechos expuestos "si no revisten carácter de delito, al menos podrían suponer unas diligencias de investigación para dirimir si con dinero público se pagaron gastos personales de Carlos Dívar". Según Bosch, "puede ser que la conducta no encaje en un posible delito pero no supone que las gestiones de Dívar sean admisibles, hay que motivar en qué se gastó ese dinero. El presidente del Supremo se ha negado a hacerlo, incluso ante el parlamento. Instamos a los vocales del poder judicial a que adopten las medidas necesarias para que sea cesado de su cargo".
Desde la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena muestra su satisfacción, habían tachado al presidente del Supremo de gastar dinero público cuando, según las normas del Consejo, no tienen que justificar gastos.
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