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Los médicos de familia llaman a la objeción de conciencia para poder atender a los inmigrantes

Defienden la lealtad del médico con el paciente

Médicos de familia dialogan con un grupo de pacientes a las puertas de un centro de salud en Madrid /

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria hace un llamamiento para que los médicos sigan atendiendo a los inmigrantes irregulares.

La mayor asociación de profesionales sanitarios, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, con 22.000 socios, hace un llamamiento a todos los médicos para que sigan atendiendo a los inmigrantes irregulares en contra de las directrices de la última reforma sanitaria del Gobierno. Piden un "mínimo decente" al gobierno para que ninguna de estas personas a las que llevan atendiendo durante años se queden ahora desprotegidas.

Los médicos de familia han elaborado un documento, a través del llamado Grupo de Trabajo sobre Bioética, en el que defienden la lealtad del médico al paciente. El presidente de esta organización, el doctor Josep Basora, ha subrayado que dejar de atender a personas que hasta ahora habían gozado de ese derecho plantea "un conflicto ético" y pone a los médicos en una tesitura importante, ya que "no podemos dejar de atender a quienes han sido nuestros pacientes".

"No estamos hablando de caridad, estamos hablando de justicia, es decir, lo que objetamos es una ley que atenta contra nuestra moral personal, ciudadana pero también profesional. No pensamos que eso se pueda compensar con un trabajo fuera del horario laboral o como un trabajo caritativo o como si fuera una ONG, consideramos que el Estado está siendo injusto con este colectivo y por lo tanto nosotros objetamos porque lo que queremos es seguir atendiéndoles dentro del sistema, dentro del horario laboral" ha afirmado Abel Novoa, portavoz de la comisión de Bioética de esta organización.

Una red de objetores

La Organización pretende crear una red en la que queden registrados todos los médicos que se declaren objetores de conciencia con la medida del gobierno, una especie de "registro" que recoja la voluntad de los médicos que quieran objetar y cuya copia llegará a los respectivos servicios de salud.

Novoa ha recordado que el real decreto limita la asistencia sanitaria a los inmigrantes no regularizados a los casos urgentes, lo que deja en manos del profesional una responsabilidad que no le corresponde: ser jueces sobre quién y hasta dónde un paciente tiene derecho a que se le atienda.

La medida, además, va a tener consecuencias económicas, ya que la atención primaria es más barata que las urgencias y, también organizativas, al trasladar el flujo de inmigrantes desde un servicio a otro con los consiguientes problemas de "colapso".

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