El Gobierno da la amnistía a diez núcleos hasta ahora ilegales con la Ley de Costas

Las miles de viviendas, hoteles, chiringuitos e industrias ubicadas en dominio público, es decir a menos de 100 metros de la costa, tendrán una amnistía de 75 años más. Es decir, no se empezarían a derribar como pronto hasta 2093.

La nueva Ley de Costas concede esta prórroga que, según el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, es una forma de generar más actividad económica.

Tras el Consejo de ministros de este viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acompañada de los ministros de Economía y Hacienda, ha explicado las decisiones y medidas aprobadas. Entre ellas, esta modificación de la Ley de Costas que además de la ampliación de las concesiones, permitirá su transmisión.

Persiguiendo una mayor "seguridad jurídica y la protección del medio ambiente", Sáenz de Santamaría ha presentado la ley que ayudará a potenciar el turismo en un país en el que el litoral es una base fundamental.

El Gobierno defiende que con la nueva ley de costas no se rebaja la protección del litoral. Supondrá una "tolerancia cero" frente a las agresiones en la costa. Aunque concede una prórroga de 75 años para las propiedades, han aclarado que no se trata de una "prórroga indiscriminada". Solo se disfrutará en aquellos casos en lo que exista "un informe favorable del órgano ambiental autonómico".

De hecho, se podrá producir "la expulsión efectiva de todas aquellas concesiones que no sean ambientalmente sostenibles". Además, se crea una claúsula que denominan "antialgarrobicos" y que otorga al Estado la posibilidad de vetar cualquier licencia de obra que pueda dar un ayuntamiento.

Los ecologistas denuncian la ley

La promesa del gobierno de una mayor protección choca con las criticas de los grupos ecologistas WWF, Ecologistas en Acción y Seo/Bird Life que denuncian que la nueva Ley de Costas dañará "gravemente" el medio ambiente.

Una "privatización encubierta". Con este término Ecologistas en Acción ha definido la modificación de la ley, explicando que supondrá el sacrificio del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) a favor de la especulación urbanística y de los intereses privados.

Para José Luis García Baras, responsable del programa marino de WWF, este viernes se ha producido un retroceso a la hora de proteger el medio ambiente, porque lo que realmente se está buscando es el dominio de los intereses económicos sobre el entorno natural.

"No se han tenido en cuenta las consecuencias del cambio climático que pueden modificar la línea de mar" y ese cambio puede hipotecar al Gobierno con ayudas a viviendas en la línea de playa.