El Tribunal Constitucional no se pronunciará sobre la doctrina Botín

El Tribunal Constitucional no se pronunciará sobre la doctrina Botín que creó la sala de lo penal del Tribunal Supremo para confirmar el archivo de la causa abierta contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, por el caso de las cesiones de crédito. La asociación para la defensa de inversores y clientes (ADIC) ha retirado el recurso de amparo que fue admitido a trámite por la sala primera en octubre de 2010. Ahora los magistrados darán traslado a las partes para que digan si procede continuar o no con la causa. Fuentes jurídicas consultadas por la SER coinciden en que ninguna de ellas pedirá al Tribunal Constitucional que dicte sentencia sobre este asunto.

La doctrina Botín acuñada por el Tribunal Supremo para confirmar el archivo de la investigación abierta por el caso de las cesiones del Banco Santander seguirá vigente. La asociación para la defensa de inversores y clientes que había recurrido la decisión del Tribunal Supremo ha retirado el recurso que había sido admitido a trámite el Tribunal Constitucional en octubre de 2010. Ahora los magistrados han dado traslado a la entidad bancaria, al fiscal y al Abogado del Estado para que informen si procede o no continuar con la causa. Algo que descartan las fuentes jurídicas consultadas por la SER.

La doctrina Botín es el contrapunto de la doctrina Atutxa, que también está recurrida ante el tribunal de garantías. La primera establece que no se puede abrir juicio oral exclusivamente a instancias de la acusación popular cuando en el presunto delito haya perjudicados directos. La segunda establece que sí es posible hacerlo cuando el presunto delito sea público, afecte a todos.

Las cesiones de crédito fue un producto financiero comercializado por el Santander entre 1987 y 1989 a sus clientes. La Fiscalía investigó más de 47.240 operaciones con unos 3.500 titulares por un importe superior a los 2.600 millones de euros, a través de las cuales los clientes podrían haber cometido un supuesto delito fiscal. Los querellantes sostenían que los directivos del Santander causaron un perjuicio patrimonial de 84 millones de euros. El caso fue archivado por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional primero y por el Tribunal Supremo después.