Procesan a 7 excargos de la inteligencia de Pinochet por el asesinato de Carmelo Soria
El diplomático español fue torturado y asesinado por la DINA chilena en 1976 y el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ordena el procesamiento de los implicados y su búsqueda y captura internacional
El hoy exjuez Baltasar Garzón inició la investigación. Su sucesor, Pablo Ruz, subraya que la justicia chilena archivó este caso en 1996 sin que existiera "una investigación y persecución realmente efectiva" de los hechos, debido a la "auto-amnistía" decretada por la dictadura militar chilena
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha ordenado el procesamiento de siete militares que formaban parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, por el secuestro, torturas y asesinato del funcionario español de Naciones Unidas, Carmelo Soria, en 1976.
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El juez les acusa de delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal, y acuerda la búsqueda, detención e ingreso en prisión de los sospechosos, librándose para ello las oportunas órdenes internacionales de detención.
Pablo Ruz expone en su auto que habrían participado en los hechos los integrantes de la "Brigada Mulchen" de la DINA José Remigio Ríos de San Martí, Jaime Lepe Orellana, el ya fallecido Juan Delmas, Guillermo Humberto Salinas Torres, Pablo Belmar Labbe, René Patricio Quilhot Palma, y el norteamericano Michael Vernon Townley Welch. Todos actuaron siguiendo las órdenes del coronel Juan Guillermo Manuel Contreras Sepulveda que "sólo obedecía y respondía" ante la Junta Militar de Gobierno y, más tarde, "exclusivamente" ante el fallecido general Augusto Pinochet. En la actualidad, Contreras cumple más de 360 años de prisión en Chile por torturas y desapariciones
Secuestro, torturas y asesinato
El magistrado relata que el 14 de julio de 1976, los miembros de la Brigada Mulchen, supuestamente, dieron el alto al funcionario español mientras conducía su vehículo con matrícula de la ONU, bajo el pretexto de una infracción de tráfico. Lo detuvieron y condujeron al domicilio del ciudadano norteamericano, que "funcionaba como centro clandestino de interrogatorios y torturas".
Una vez allí torturaron al diplomático español durante cerca de cuatro horas, partiéndole las costillas, "para que les dijera si tenía relación con el Partido Comunista y cuál era su misión" en el país. El juez detalla que durante el interrogatorio, Carmelo Soria solo murmuraba "...Pobre Chile...".
Después, Ruz sostiene que Guillermo Humberto Salinas, ayudado por dos personas del mismo grupo no identificadas, acabó con su vida "mediante estrangulamiento manual" que le produjo "la rotura del hueso hioides".
"Para encubrir los hechos", continúa el juez, y que pareciera un suicidio, precipitaron su coche al vacío y lanzaron el cadáver a un canal próximo con una nota en la chaqueta.
Competencia de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz considera que la Audiencia Nacional es competente para asumir esta investigación en aplicación del principio de jurisdicción universal, al tratarse de un supuesto delito de genocidio y lesa humanidad del que habría sido víctima un español fuera del territorio nacional, y recuerda sentencias que avalan su decisión tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como de la Corte Penal Internacional.
La Justicia chilena archivó el caso por la "auto-amnistía" de la dictaduta militar
Además, Ruz destaca que la Corte Suprema de Chile sobreseyó este caso en 1996 sin que existiera "una investigación y persecución realmente efectiva" de los hechos, debido a la "auto-amnistía" decretada por la dictadura militar chilena, que "se camufló bajo la apariencia de norma jurídica, no obedeciendo a decisión alguna de un parlamento democrático en el ejercicio de la soberanía del país". "En definitiva", dice el juez, la investigación de estos hechos en Chile fue cerrada por una amnistía que no respondía "al consenso total de las fuerzas políticas en periodo constituyente".
