Lunes, 23 de Mayo de 2022

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El presidente del Novagalicia Banco admite que "no eran éticas" las indemnizaciones

Las indemnizaciones a los exdirectivos superaban los 20 millones de euros. Uno de los imputados, Gregorio Gorriarán, le pidió cobrar la indemnización por despido pero seguir en el cargo, según fuentes jurídicas

José María Castellano es el actual presidente de Novagalicia Banco, anteriormente Novacaixa.

José María Castellano es el actual presidente de Novagalicia Banco, anteriormente Novacaixa. / REUTERS

El actual presidente de Novagalicia Banco, anteriormente Novacaixa, José María Castellano, ha declarado este viernes como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que ha imputado a cinco exdirectivos de la entidad por supuestos delitos de apropiación indebida o administración desleal. Castellano ha declarado que no le parecían "ni razonables ni éticas" las indemnizaciones que antes de su incorporación a la entidad se aprobaron los exdirectivos. Unas indemnizaciones que superaban los 20 millones de euros.

Castellano dice que las acabaron cobrando porque un primer informe elaborado por el bufete de abogados Sagardoy avaló el pago. Después, la entidad bancaria solicitó otro ante las dudas que existían por las cantidades y la apertura de la investigación judicial al despacho de abogados Broseta, que le llevó a presentar una demanda laboral.

El presidente de Novagalicia Banco también ha asegurado ante el juez, según fuentes jurídicas, que uno de los exdirectivos de la entidad le pidió cobrar la indemnización por despido, que ascendía a más de 9 millones por diversos conceptos, pero continuar en su cargo al frente de la división inmobiliaria del grupo. Las mismas fuentes sostienen que Castellano se negó.

El magistrado Ismael Moreno ha imputado a los exdirectivos de Novagalicia Banco Javier García Paredes, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez, José Luis Pego y Julio Fernández Gayoso. El juez ve indicios de que los cinco exdirectivos de Novagalicia Banco "abusaron" de sus funciones para "mejorar sus contratos" con "menoscabo" del patrimonio de la entidad. La Fiscalía Anticorrupción les reclama cerca de 8 millones de euros.

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