De Guindos rebaja a 120.000 las familias beneficiarias de la ley antidesahucios
El ministro de Economía anunció en Bruselas el pasado 20 de noviembre que las medidas urgentes del Gobierno contra los desahucios afectarían "teóricamente" a 600.000 familias
El Gobierno rebaja a 120.000 las familias potencialmente beneficiarias de la moratoria de dos años incluida en el decreto ley antidesahucios que este jueves se ha debatido en el Congreso.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, había anunciado en Bruselas el pasado 20 de noviembre que las medidas urgentes del Gobierno contra los desahucios afectarían "teóricamente" a 600.000 familias.
Este jueves De Guindos ha matizado que la cifra de 600.000 es el número de familias que cumplen las condiciones económicas. Pero que solo unas 120.000 cumplen además las condiciones familiares incluidas en el decreto ley, como por ejemplo tener un hijo discapacitado.
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El titular de Economía ha cifrado también en 6.000 las viviendas cedidas hasta la fecha por las entidades financieras para alquiler social de las familias desalojadas.
De Guindos ha defendido ante el pleno que el texto del Gobierno "supone una respuesta urgente y paliativa a las situaciones más dramáticas". Pero ha advertido de que "no se pueden adoptar medidas que alteren nuestro sistema normativo", una alusión al rechazo del Ejecutivo a modificar la Ley Hipotecaria.
Todos los grupos de la oposición, salvo UPyD, han anunciado su voto en contra. Según la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, el decreto ley es "insuficiente, injusto y arbitrario" porque lo que se necesita es "una moratoria real, que suspenda el procedimiento". "Tenemos que responder ante la sociedad en un momento en que las entidades bancarias están siendo ayudadas por todos", ha remachado la portavoz del PSOE.
Para Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural, "el Gobierno intenta engañar a las personas con falsas ilusiones. Este real decreto solo ayuda a los bancos".
CiU, PNV, y los portavoces del Grupo Mixto han rechazado el decreto ley, pero se han mostrado dispuestos a negociar posibles mejoras durante la tramitación parlamentaria del texto como proyecto de ley.
