Empiezan las represalias a Palestina

Después de anunciar la construcción de 3.000 asentamientos en Jerusalén Este y en Cisjordania, este domingo llegan las represalias económicas. Israel congela la transferencia de los impuestos que entregaba a la Autoridad Palestina para pagar a los funcionarios.

Finalmente Israel ha cumplido su promesa y, al menos este mes, no entregará a la Autoridad Palestina (ANP) los fondos que recauda en Cisjordania y que suele destinar al Gobierno palestino para que pueda pagar a los funcionarios. "No tengo intención de transferir los pagos este mes", asegura el ministro de economía israelí, Yuval Steinitz, en unas declaraciones recogidas por el diario israelí 'Yedioth Aharonoth'.

Steinitz ya había amenazado con tomar esta represalia si el presidente palestino no echaba para atrás su decisión de ir a la ONU.

Esos ingresos fiscales, que pueden llegar a 80 millones de euros mensuales, incluyen tasas sobre productos importados en los territorios palestinos, pero tras el desafiante paso de Mahmoud Abbas de pedir a Naciones Unidas su inclusión en la organización como Estado Observador, Netanyahu prefiere utilizar esos fondos para compensar la deuda que la ANP ha contraído con Electric Corporation, la compañía estatal eléctrica de Israel.

Primero fue el anuncio de la construcción de 3.000 asentamientos más en Jerusalén Este y en Cisjordania. La alta representante de la UE, Catherin Ashton, ha pedido a Israel que demuestre su compromiso de proseguir con las negociaciones para poner fin al conflicto que tiene con Palestina. Por eso dice estar preocupada por la decisión de Israel de construir nuevos asentamientos en Cisjordania, algo que ha calificado de ilegal bajo el derecho internacional y que representa un obstáculo para la paz. Ahora se teme que también pueda reducir el número de permisos de trabajo para los palestinos.

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Por otro lado, el Consejo de Ministros israelí ha adoptado una resolución oficial rechazando la decisión de Naciones Unidas de econocer a Palestina como Estado observador. "Rechazamos la resolución 67/191 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 2012", reza el artículo 1 de la resolución aprobada por unanimidad por los ministros. La decisión de Naciones Unidas fue aceptada por 138 países, y sólo fueron 8 los que dieron su negativa, entre ellos EEUU y la propia Israel.