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'OPERACIÓN CRUCERO'

La trama falsificaba contratos y se sospecha que robó sellos a Hacienda para eludir pagos

El juez Velasco añade delitos de falsedad documental y estafa procesal concursal a los de blanqueo, alzamiento e insolvencia punible

La trama societaria de De Cabo falsificó, supuestamente, la mayor parte de los contratos de adquisición de las propiedades y empresas de Gerardo Díaz Ferrán y de su socio Gonzalo Pascual. Necesitaban que esos contratos tuvieran una fecha anterior a la de las solicitudes de embargo de los acreedores, para que no cayesen en sus manos y poder vender esos bienes y repartirse después los beneficios.

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Para ello, según fuentes cercanas al caso, no dudaron en emplear testigos falsos, someter de forma fraudulenta los documentos a un procedimiento judicial distinto para darles carta de verosimilitud, o incluso robar sellos de Hacienda y de otras administraciones, según las mismas fuentes.

Por ello el juez Velasco añade los delitos de falsedad documental y estafa procesal concursal a los de blanqueo, alzamiento e insolvencia punible.

La red de Ángel de Cabo y Díaz Ferrán habría actuado así con las fincas de El Sauceral o Castillo del Alamín entre otras, el Rolls Royce Phantom, viviendas, y hasta con el mobiliario del domicilio madrileño de Díaz Ferrán.

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