El Consejo Fiscal estudia un informe muy crítico con la reforma del Código Penal de Gallardón

El Consejo Fiscal ha estudiado este martes en una maratoniana reunión el informe que ha elaborado sobre el anteproyecto del Código Penal. Un documento crítico con la reforma porque considera que adolece de falta de concreción, lo que crea inseguridad jurídica. Además, aumenta los delitos porque al despenalizar las faltas, muchas de ellas pasan a incluirse en el catálogo de delitos leves. El Consejo continuará deliberando sobre este extenso informe de más de 300 páginas el próximo 17 de diciembre.

La Fiscalía General del Estado ha elaborado un informe muy crítico con el anteproyecto del código penal que quiere aprobar el Gobierno. La peor parte se la lleva el capítulo de las medidas de seguridad a aplicar, en algunos supuestos, después de la pena de prisión.

El Ministerio Público dice en el documento, al que ha tenido acceso la Cadena SER, que la reforma sobre las medidas de seguridad "destierra los principios de duración y onerosidad" y que nunca "puede desbordar el límite temporal de la pena". Las medidas de seguridad dependerán de la peligrosidad del reo pero la Fiscalía ya avisa que esa peligrosidad "no puede ser presumida sino que ha de estar probada".

La novedosa figura de la custodia de seguridad que incluye el nuevo código penal no le gusta mucho al garante de la legalidad. El informe dice que le suscita "dudas" y que la enumeración de delitos que la llevan aparejada es "inconcreta" lo que parece "poco compatible con una medida que supone una privación de un bien jurídico tan importante como la libertad". Además sería necesaria una reforma de la legislación penitenciaria para habilitar espacios donde se pudiera cumplir esta medida para diferenciar a los afectados "claramente del de los internos que estén cumpliendo pena de prisión". Por último y a modo de resumen, señalan que "la intromisión que la custodia de seguridad supone en el ámbito de los derechos fundamentales del penado debe obligar al legislador a extremar el conjunto de garantías que sirvan de contrapeso al poder estatal".

La prisión permanente revisable tampoco se escapa de la crítica y el fiscal apunta algunas diferencias con respecto al modelo alemán al que ha apelado el Gobierno para instaurarla. En este punto, el informe señala que la reforma de Gallardón es "susceptible de mejora" y recuerda que "el condenado debe mantener una oportunidad concreta y fundamentalmente realizable de recuperar la libertad".

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Extranjeros

El documento de la fiscalía también pone el acento en la afectación de la futura legislación penal sobre los extranjeros que residen en nuestro país. Censura las modificaciones propuestas para sustituir la pena de prisión por la expulsión del territorio. Lo tacha de "reforma radical" porque va a permitir "la expulsión judicial de extranjeros que dispongan de autorización de residencia en España, de los ciudadanos de los restantes Estados miembros de la Unión Europea, de los familiares de éstos y de todos los demás extranjeros que están dispensados de obtener autorización de residencia", lo que contraviene la normativa europea.

Tampoco comparte que se deje en manos del fiscal la posibilidad de no acusar en un presunto delito de inmigración ilegal cuando el objetivo sea prestar ayuda humanitaria, como hacen médicos u ONGs. El informe señala que "una decisión que corresponde al Legislador se transforma en una potestad discrecional de la acusación pública sin elementos reglados que la acoten eficazmente".