La "barbaridad" de criminalizar la hospitalidad

Miles de familias, de pequeñas organizaciones no gubernamentales o de religiosos que acogen en sus casas a personas extranjeras en situación irregular viven desde hace días con el temor de que su acción solidaria, acoger en casa a los que tienen carencias de todo tipo, les pueda acabar llevando a la cárcel. La reforma del código penal que tiene en marcha el ministerio de Justicia "criminaliza la acogida o la hospitalidad con los inmigrantes irregulares" y está generando una gran movilización de sectores sociales que exigen al gobierno que modifique el texto del artículo 318 BIS donde se recogen penas de hasta 2 años de cárcel por acoger a estas personas.

El juez podrá optar por multa o prisión pero con la redacción actual de ese artículo algunos expertos penalistas aseguran que en realidad se está dando rienda suelta a la arbitrariedad. Un amplio grupo de jueces, abogados, religiosos, familias anónimas han creado una plataforma "salvemos la hospitalidad" para exigir al gobierno que cambie el texto del anteproyecto de ley. El conjunto de la reforma del código penal ha generado muchas reacciones en contra, de hecho el Consejo General del Poder Judicial(CGPJ) lo considera inconstitucional.

"Somos un grupo de personas que durante años hemos acogido en nuestras casas a personas "sin papeles" que llegaban a España buscando un futuro mejor. Si se aprueba la reforma del Código Penal que ha propuesto el Gobierno, nos convertiremos en criminales. Hasta dos años de cárcel me pueden caer por comportarnos humanamente con quien lo necesita" .Así se presentan los integrantes de la plataforma "salvemos la hospitalidad" creada para pedir al Gobierno que modifique el artículo 318 bis del anteproyecto del nuevo código penal.

Según ellos la reforma del Código Penal que acaba de presentar el gobierno podría suponer que las personas o instituciones que apoyen, ayuden o acojan en sus domicilios de forma altruista a las personas extranjeras en situación irregular que transiten por España serán considerados "criminales": detenidas, juzgadas y, en su caso, condenadas a hasta dos años de cárcel. Lo mismo sucede con las personas que ayuden a personas extranjeras en situación irregular a permanecer en España con ánimo de lucro, es decir, que por ejemplo contribuyan mediante el alquiler de una habitación o dispensen el menú del día a una persona inmigrante en situación irregular conociendo esta condición, podrán ser asimismo incriminadas.

Expertos en derecho penal como el catedrático de la Universidad Carlos III Francisco Javier Álvarez ha calificado esta mañana en los micrófonos de Hoy por Hoy esta propuesta "chapucera" la redacción de la reforma del código penal en lo referido a esta materia y califica de "barbaridad el castigar a esas personas que ayudan por razones humanitarias " a los inmigrantes sin papeles.

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Por la antena de la Ser ha pasado además María del Pilar Sánchez, mediadora penal en la"Asociación Apoyo", es abogada, vive con su marido Roberto, con su hija de 19 meses Carmen y con otros 3 chicos que son parte ya de la familia que ahora vive momentos de incertidumbre ante esta reforma del código penal. Dos de esos chicos que acoge en casa se llaman Mamadú y el tercero Alioú. 2 son de Guinea Conakry y otro de Mali, los 3 mayores de edad, y el que más tiempo lleva en la casa vive allí desde hace 3 años. 2 comenzaron a vivir con ellos cuando eran menores de edad porque la comunidad de Madrid los dejó en situación de desamparo al considerarlos mayores de edad por la prueba radiológica de la edad que se les hace a los inmigrantes considerados dudosos en torno a la mayoría de edad.

Conocida como Cuca, es ya una "veterana" en luchar por la hospitalidad, de hecho cuando el anterior gobierno intentó reformar ley de extranjería en 2009 y sancionar este comportamiento solidario, ella ya tenía chicos en casa. Desde 2006 ha acogido ya a muchos jóvenes inmigrantes en tránsito por España. Pero ahora los miedos son mayores, en aquel caso era una sanción administrativa pero ahora es vía penal, es decir, como poco, si se les impusiera una multa, en todo caso con esa multa conlleva antecedentes penales. Cree que es fundamental paralizar esta reforma para intentar mantener la acogida de la gente que lo necesita en su casa, porque para ello esta respuesta es la humana, esto es simplemente ayuda humanitaria.

Para ella el gobierno está coartando la iniciativa de la solidaridad, se pregunta "qué entiende el Ministerio de Justicia por respuesta humanitaria?". Los 3 jóvenes que acoge en casa "se sienten como los desechos de la sociedad, como apestados, como si les estuvieran diciendo no os queremos en España, marcharos, pero a la vez no tienen dónde ir" así que es una situación dolorosa para los chicos porque ponen a Cuca y a Roberto en riesgo de que se les pueda complicar la vida.Les dicen "pero Cuca, Roberto... como os vamos a meter en ese lío?"

El nuevo art. 318 bis del anteproyecto de reforma del Código Penal "iguala conductas ilícitas e inmorales como la trata de seres humanos y los abusos sobre las personas migrantes con prácticas humanitarias de solidaridad, hospitalidad y asistencia hacia aquellas personas que transitan "sin papeles" por España" aseguran desde dicha plataforma.

El Anteproyecto de modificación del Código penal en su art. 318 bis castiga con penas de prisión a quién:

1. El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo, vulnerando la legislación de dicho Estado sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de seis meses a dos años. "El Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido sea únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate". Si los hechos se cometen con ánimo de lucro se impondrá en su mitad superior.

2. El que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que no sea nacional de un estado Miembro de la Unión europea a permanecer en el territorio de Estado miembro de la Unión Europea, vulnerando lo legislación de dicho Estado sobre estancia de extranjeros será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de seis meses a dos años.

Si entra en vigor la reforma del Código penal en estos términos supondrá que: 1º.- Las personas o instituciones que apoyen, ayuden o acojan en sus domicilios de forma altruista a las personas extranjeras en situación irregular que transiten por España serán considerados "criminales": detenidas, juzgadas y, en su caso, condenadas. Se deja en manos del Ministerio Fiscal la posibilidad de acusar. Algo grave, pues, como denuncia esta institución en el Informe que ha elaborado sobre el anteproyecto, esta forma de criminalización es una opción de política criminal del legislador. También puede no hacerlo, diciendo que: "Quedarán exentos de responsabilidad penal quienes únicamente presten ayuda humanitaria".

La plataforma advierte que las personas extranjeras en situación irregular "quedarán en la calle en situación indeseable de extremada precariedad, sin que nadie pueda apoyarles ni altruistamente ni cobrando por los servicios básicos prestados".

El Ministerio de Justicia se acoge a una directiva europea y dice que está rebajando las penas, que en el código actual rozan los 4 años, pero lo que es cierto también es que esta reforma del código penal contempla cualquier ayuda a la hospitalidad como objeto de delito, no contiene ninguna cláusula que diga que quedan exentos los motivos humanitarios, "debería redactarse de tal forma que no haya dudas" plantean desde la plataforma.

El consejo general del poder judicial en su informe jurídico ya dice que el texto es poco claro y da lugar a confusión.

"No se puede dejar a la luz del ministerio fiscal que decida que es o no es delito, y tal y como está redactado ahora da lugar a arbitrariedad" dicen desde la plataforma "salvemos la hospitalidad "que está a punto de sumar 9000 firmas en la plataforma change.org.

No es la primera vez que desde el Gobierno se plantea criminalizar la acogida o la hospitalidad con los inmigrantes irregulares. Ya en 2009 , con el PSOE, se intentó, en la reforma de la ley de extranjería, sancionar con una falta administrativa con entre 501 a 10000 euros a quienes colaboraran en la permanencia irregular de los inmigrantes en España, una gran movilización de esta misma plataforma obligó a cambiar el articulado de la ley.