El Constitucional estudiará el recurso del Gobierno contra el euro por receta en Cataluña

El Alto Tribunal tiene previsto celebrar la próxima semana un pleno durante el martes, miércoles y jueves, en donde en el orden del día se planteara la admisión a trámite del recurso del ejecutivo y la petición expresa de suspensión cautelar de esa tasa sanitaria.

Fuentes del Constitucional han explicado que lo normal es que el pleno acepte a trámite el estudio de este recurso y, por tanto, de forma automática, ordene la paralización de la tasa que se viene cobrando en Cataluña.

La ley es explicita en este sentido y siempre que sea el gobierno de la nación quien presente un recurso por una cuestión de competencias, el alto tribunal paralizara la norma o la decisión adoptada por una comunidad autónoma.

El recorrido jurídico de este recurso ha sido breve porque cae apenas un mes el gobierno anunciaba que recurriría el euro por receta en Cataluña y ahora el constitucional comienza su revisión. Sin embargo, fuentes del alto tribunal han descartado que el recurso contra el euro por receta en Madrid pueda llegar a entrar en el orden del día del pleno de la próxima semana.

Invasión de competencias

Únete al canal de WhatsApp de la SER

El tributo invadiría competencias estatales en materia sanitaria, según reconoció en un informe reciente el Consejo de Estado porque la decisión de gravar los medicamentos en Cataluña o Madrid obliga a "realizar un desembolso mayor que el que [los pacientes] deben afrontar en otras partes del territorio del Estado". Por ello, la medida choca con el artículo 149 de la Carta Magna, que se refiere a la competencia exclusiva del Estado en materia de la regulación del ejercicio de derechos y deberes de los españoles.

Pero también contravendría otro precepto constitucional contenido en el mismo artículo. En este caso, la materia en conflicto es la responsabilidad sobre la coordinación sanitaria y la legislación sobre productos farmacéuticos, que la Constitución reserva también al Estado.

El dictamen advierte de que no se cuestiona la capacidad de la Generalitat ni de las comunidades autónomas para establecer tributos propios. Si no que la tasa "vulnere el orden constitucional de competencias" e invada la parcela que la Carta Magna reserva al Estado respecto a las grandes líneas referidas a la ordenación de la materia de salud en España.