Secretos, mentiras y cintas de vídeo
Los casos más conocidos de espionaje político en la democracia española
Madrid
Saber qué hace tu contrincante político. Un turbio deseo que suele acabar en hechos delictivos. Que se lo digan, si no, al presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, que tuvo que dimitir por el Watergate.
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Repasando los casos españoles, nos encontramos con el más llamativo hasta hoy, que casi tiene ya treinta años de historia. En aquella ocasión fue el CESID —la inteligencia oficial española, llamada ahora CNI— quien realizó escuchas ilegales a personalidades políticas entre 1984 y 1991, incluyendo al propio rey Juan Carlos. Las transcripciones de las escuchas telefónicas llegaron a incluir conversaciones de índole privada del ministro del Interior, José Barrionuevo. El caso le costó el puesto al director del CESID, general Alonso Manglano. El excoronel Juan Alberto Perote, responsable directo de las escuchas, fue condenado y su caso llegó al Tribunal de Estrasburgo, que dictaminó al contrario: Perote no había tenido un juicio justo y el Estado español tuvo que pagarle 10.500 euros en concepto de gastos.
Si en Madrid se habla de espionaje político todo el mundo sabe que hablamos del supuesto seguimiento en 2009 a tres altos dirigentes del PP en la Comunidad: Ignacio González, entonces vicepresidente; a Manuel Cobo, vicealcalde de la capital; y Alfredo Prada, exconsejero de Justicia. ¿El presunto autor? El consejero de Interior y Justicia, Francisco Granados, que habría contratado para ello a ex miembros de la seguridad del Estado. El caso fue desvelado por el diario El País y provocó una comisión de investigación, que quedó en nada, y un proceso judicial que ha acabado archivándose. La oposición nunca ha dudado de que detrás de toda la operación estaba la expresidenta Esperanza Aguirre.
En Aragón se recuerda el llamado 'caso de los espías', que salpicó al propio presidente de la comunidad, el socialista José Marco. El fiscal acusaba a Marco del pago con dinero público a la agencia Diamond de unos trabajos de espionaje a políticos aragoneses de todos los partidos. No hubo juicio, ya que el propio Marco reconoció la culpa y se comprometió a devolver a la Diputación de Aragón los 14 millones que desvió.
Uno mas: el caso Tellería en el que habrían sido ertzainas los espías, y políticos y empresarios vascos, las víctimas. En él está imputado el ex dirigente del PNV en Álava Aitor Tellería. El juicio se iniciará el próximo mes de marzo.
