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CASO BÁRCENAS

El juez prohíbe a Bárcenas salir de España al apreciar "fundado riesgo de fuga"

El juez Ruz obliga al extesorero del PP a entregarle el pasaporte

El extesorero del PP Luis Bárcenas, a su llegada a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz(EFFE)

El extesorero del PP Luis Bárcenas, a su llegada a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz

Madrid

El juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha prohibido al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, salir del territorio nacional y le ha impuesto la obligación de comparecer cada 15 días en la Audiencia Nacional y de entregar su pasaporte.

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Luis Bárcenas ha perdido todo el crédito ante el juez Pablo Ruz, que no ha creído sus argumentos. En su auto, el magistrado decreta prohibir a Luis Bárcenas la salida de España, ordena la retirada de su pasaporte y le obliga a comparecer los días uno y quince de cada mes en el juzgado al apreciar un "fundado riesgo de fuga", debido al "relevante" patrimonio que acumula el extesorero del PP en el extranjero, a sus propias manifestaciones y a la "frecuencia" con la que "viene desplazándose fuera de España".

El magistrado considera que tiene más motivos ahora para adoptar estas medidas cautelares, después de la declaración del imputado y de la nueva información que obra en la causa. El juez instructor cree que la procedencia de fijar estas medidas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción es "proporcional, necesaria, idónea y suficientemente justificada".

Pablo Ruz ha desgranado en su auto todos los indicios que existen hasta la fecha y que le llevan a imputar a Luis Bárcenas los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Sobre el delito de blanqueo, el juez dice que la investigación "revela la creación" por parte de Bárcenas "de una estructura societaria en el extranjero que habría permitido la ocultación del origen y titularidad real de su patrimonio" a través de la panameña Fundación Sinequanon, a cuyo nombre estaba la cuenta suiza en la que llegó a acumular 22 millones de euros.

El magistrado sostiene que hay "diversas operaciones" atribuidas a Luis Bárcenas que de forma indiciaria, tendrían "como única finalidad la ocultación del origen y la titularidad de los fondos obtenidos" y añade que diversas diligencias practicadas hasta la fecha vienen a "desvirtuar las alegaciones ofrecidas por el imputado".

Pablo Ruz también ve claros y "diversos" indicios de la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y desmonta sus afirmaciones de que parte del dinero procedía de la venta de cuadros, ya que a la espera de un dictamen pericial y de una declaración testifical por comisión rogatoria a Argentina, "hasta el momento no lo han podido acreditar".

La amnistía fiscal de Bárcenas no sirve

El juez subraya que la Agencia Estatal de Administración Tributaria "niega veracidad y eficacia" a la Amnistía Fiscal por la que Bárcenas intentó aflorar cerca de 11 millones de euros, "no surtiendo efectos de regularización de la situación tributaria ni penal" del imputado. Recuerda que en el último informe de la ONIF le han descubierto un fraude de 1.1 millones de euros en 2007, "sin perjuicio de los restantes informes que al respecto tienen pendientes" en Hacienda, y de los datos que "pudieren surgir sobre el restante patrimonio oculto al fisco que el Sr. Bárcenas pudiere albergar en el extranjero, una vez se reciba contestación a las diversas comisiones rogatorias cursadas al efecto".

Por último, respecto al delito de cohecho, el magistrado dice que se "fundamenta" por los 72.000 euros procedentes del líder de la Gürtel, Francisco Correa, que en 2007 le fueron "entregados en consideración al cargo de senador que por entonces desempeñaba" Luis Bárcenas. Una entrega, recuerda Ruz, que figura en el pen drive que la policía incautó al contable de la trama, José Luis Izquierdo, con el apunte dirigido a "Luis el cabrón", permitiendo el conjunto de lo instruido "inferir la correspondencia entre tal expresión y el imputado".

El letrado del Partido Popular y el abogado del Estado se han adherido a la solicitud de las medidas cautelares realizada por la Fiscalía Anticorrupción. No así el abogado de la Comunidad de Madrid, que se ha puesto a disposición de lo que determinase el magistrado.

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