El Gobierno propone más reformas legales para aumentar la eficacia contra la piratería en Internet
Un año después de la entrada en vigor de las medidas contempladas en la Ley Sinde-Wert, el ejecutivo considera que los procedimientos previstos deben mejorarse
En las reformas se descarta la persecución de los usuarios porque se considera más eficaz actuar contra los responsables de páginas y enlaces que favorecen las descargas ilegales de contenidos
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En un encuentro con la prensa, la Directora General de Industrias Culturales, Teresa Lizaranzu, que preside por delegación la sección segunda de la Comisión de Propiedad intelectual (CPI), ha anunciado que el gobierno está trabajando en la elaboración de un anteproyecto de ley de reforma del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual a la vista de las dificultades detectadas en la aplicación de la ley en vigor para aplicar los mecanismos de cierre de páginas que favorecen la piratería. La Directora General ha destacado que en este año se ha tenido que desarrollar y poner en marcha un 'procedimiento pionero en Europa' de vía administrativa. Se han encontrado problemas como la dificultad de actuar contra catálogos amplios de obras sujetas al pago de derechos de autor en lugar de obras concretas que se especifican en las denuncias. Los miembros de la sección segunda de la CPI se han encontrado con problemas para la notificación de sus actuaciones a la hora de intervenir en páginas y enlaces, ubicadas fuera de España, para garantizar los derechos de defensa de las partes denunciadas. Por esta razón, en la reforma legal que se llevará a cabo, se establecerá la creación de un 'tablón de anuncios electrónico' para no tener que recurrir a notificaciones a través de las embajadas españolas.
La directora general no ha concretado los detalles de las reformas que también pasarán por cambios en los mecanismos de control del gobierno sobre la actuación de las sociedades de gestión de derechos de autor. Sí ha admitido que la puesta en marcha del procedimiento administrativo vigente ha sido complicado y no ha sido todo lo rápido que pudiera desearse. En las modificaciones legales previstas también se contempla un nuevo tratamiento sobre el tratamiento legal de la llamada copia privada, pero no ha especificado nada al respecto.
La comparecencia ante la prensa de Teresa Lizaranzu se ha producido después de que ayer la Coalición de Creadores e Industrias Culturales presentase su observatorio de piratería en España del año 2012 y denunciase un fracaso rotundo y estrepitoso de la actuación de la sección segunda de la CPI en este año de funcionamiento. Un día antes el informe de la industria fonográfica internacional señalaba a España como uno de los países que no ha adoptado las medias suficientes para luchar contra la piratería musical. La Directora General ha declarado que no ha leído ninguno de los dos informes, pero ha resultado curioso que convocase a la prensa justo después de que fueran publicados.
Según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Cultura, en su primer año de funcionamiento la sección segunda de la CPI ha tramitado 363 solicitudes de cierre de páginas con contenidos que no se han sometido al pago de derechos de autor para servirlos a los usuarios. De esas solicitudes, 248 fueron archivadas por defectos de forma. De las 115 restantes, 30 ya han producido el respectivo acuerdo de inicio de procedimiento, 4 han sido archivadas antes del acuerdo de inicio y 81 están fase de investigación previa. De los 30 expedientes sobre los que se ha iniciado acuerdo de inicio, en 19 casos se han producido el archivo de actuaciones pro retirada voluntaria de los contenidos (sólo en 4 casos ha habido resolución de la comisión ordenando la retirada y la web responsable ha acatado la resolución y ha retirado los contenidos o cesado en su actividad. En 11 casos se está pendiente de adoptar una resolución. Hay 15 webs de enlaces que han sido notificadas como terceros intermediarios y han cesado su actividad o están en proceso de hacerlo retirando los contenidos. Resumiendo, la actuación de la comisión ha producido que en 34 casos se hayan retirado de forma voluntaria en internet contenidos vulneradores de derechos de la propiedad intelectual.
