Sociedad
CASO BÁRCENAS

IU ha pedido investigar la financiación del PP por temor a que prescriban los delitos

'Los papeles de Bárcenas' llegan a la Audiencia a la espera de que el juez admita o no a trámite la denuncia por supuestas comisiones irregulares en el PP

Cayo Lara y Enrique Santiago han acudido al registro de la Audiencia Nacional para presentar la querella criminal vinculada al 'caso Bárcenas' presentada por IUCADENA SER

Madrid

Los papeles de Bárcenas llegan este jueves a la Audiencia Nacional. Izquierda Unida ha presentado una querella contra históricos dirigentes del Partido Popular, como Ángel Acebes, Rodrigo Rato o Federico Trillo. A la espera de que el juez la admita o no a trámite, la coalición de Cayo Lara ha denunciado las supuestas comisiones irregulares que habría recibido el PP a través de donaciones entre 2003 y 2008.

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Izquierda unida, la Asociación Libre de Abogados y Ecologistas en Acción quieren evitar a toda costa que los presuntos delitos atribuidos en la querella a Bárcenas, Acebes o a Trillo, puedan prescribir porque de momento no hay ningún juez que haya admitido a trámite abrir una investigación.

En el texto se formulan nueve delitos diferentes y quince personas responsables de ellos. La narración denuncia las supuestas comisiones irregulares recibidas por el Partido Popular a través de donaciones y el presunto pago de cantidades irregulares a determinados miembros os del partido entre 2003 y 2008.

Bárcenas, Rato, Acebes y Trillo figuran entre los responsables políticos objetivo del pleito y hasta diez empresarios que hicieron, presuntamente, los donativos. Los abogados han puestos la atención para hilar, las cantidades depositadas en el partido con las posteriores adjudicaciones a los empresarios, pero eso es lo que debe investigar el juez si lo admite.

Esta no es la única demanda contra Bárcenas. Tiene seis frentes abiertos, uno en valencia también por financiación ilegal, otros dos en plaza de Castilla sin diligencias, por ahora, una en la Audiencia Nacional, el caso Gürtel y, la que tiene abierta la fiscalía.

La primera querella fue la de Observatori Desk en el juzgado de Instrucción Número 10 de Plaza de Castilla. Antes, se interpuso una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias que ha recaído en el juzgado 30 de Madrid. Además Bárcenas tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional por la trama Gürtel, una investigación de la Fiscalía por sus supuestos papeles manuscritos y un último pleito en Valencia por financiación ilegal del PP de esa comunidad también vinculada al caso Gürtel.

Un amplio listado

La querella detalla los pagos que habrían hecho estos empresarios al PP, muchos de ellos, investigados en la red Gürtel por contratos bajo sospecha, con el foco puesto en los fondos que llegan al partido cerca de periodos electorales y los contratos de obra pública en fechas cercanas a esos pagos. En la lista están:

  • José Luis Sánchez, presidente del Grupo Sando, quien habría pagado 1.250.000 euros al PP, también beneficiaria de la construcción de la Autopista de peaje Madrid-Toledo y la autovía A-40 de Castilla la Mancha.
  • Manuel Contreras, presidente de Azvi, con 858.000 euros destinados al PP. el 22 de enero de 2004 Fomento le adjudicó las obras de la Autopista de peaje Madrid-Toledo, un mes antes de las elecciones generales de marzo de 2004 y Álvarez Cascos en la cartera de Fomento.
  • Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, con ingresos por un total de 530.000 euros. La querella vincula un ingreso de 180.000 euros al PP el 25 de octubre de 2006, un mes después de la concesión de las obras del Metro Ligero de Pozuelo y Boadilla.
  • Luis del Rivero, de Sacyr Vallehermoso, con 480.000 euros
  • Alfonso García, de Constructora Hispánica, con 258.000 euros, beneficiaria de 32 proyectos entre mayo de 2000 y marzo de 2004 por un monto de 703 millones de euros, entre esas obras, la plataforma del AVE León-Asturias y con distintas UTES se encarga de la construcción del tramo de Lérida a Barcelona o la base del AVE en Madrid y otros muchos tramos por España.
  • Juan Manuel Fernández Rubio, consejero de Aldesa, con 90.000 euros registrados a su nombre y adjudicaciones de distintas Líneas de Alta Velocidad y tramos de autovías (A-63 de Oviedo, la del cantábrico o el acceso a Badajoz, entre otros).

Empresas que también habrían hecho pagos al PP y recibido cinco de los ocho hospitales de gestión privada de Madrid:

  • OHL, el del Sureste (Arganda del Rey)
  • Sacyr, el hospital del Henares y el Infanta Cristina
  • Grupo Sando e Hispánica, que se hicieron con el hospital del Tajo (Aranjuez).

Además destacan José Mayor Oreja, de FCC con 165.000 euros; Antonio Vilella con 100.000 ingresados al PP; Adolfo Sánchez con 98.500 euros. Todos ellos denunciados por posibles delitos en, al menos, Madrid, Valencia, Galicia, Cataluña y Andalucía.

<a name="despiece1"></a><b>Cayo Lara: "Lo que pretendemos es que se haga justicia"</b>

El coordinador federal de Izquierda Unida Cayo Lara ha presentado la querella este jueves en el registro de la Audiencia Nacional. A la salida de la sede, ha declarado que Izquierda Unida presenta esta querella "para que la justicia investigue, y en este país se regenere la democracia y que la opinión pública pueda creer definitivamente en la justicia". Añade que "es un trabajo que corresponde a la justicia" El coordinador federal de IU ha acudido a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Goya de Madrid, donde ha opinado que "los casos de supuesta corrupción están empañando la vida pública, y se está creando una desafección ciudadana". Lara espera que "la querella sea admitida a trámite, en España son muchos más los empresarios y trabajadores de lo público que se dedican a sus funciones de forma honesta que los que lo hacen de forma supuestamente delictiva". Igualmente, Cayo Lara indica que en la querella "presentamos indicios y pruebas sobre las supuestas donaciones al Partido Popular, las adjudicaciones a empresas que puedan dar lugar a supuestas situaciones de cohecho y otros delitos". Señala igualmente que presentan esta querella en la Audiencia Nacional, y no en los juzgados de la Plaza de Castilla, "porque es una actividad que se habría producido en distintos territorios y es un asunto de envergadura nacional, además de afectar al partido del Gobierno".

 
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