El Congreso aprueba la modificación de la Ley de Tasas Judiciales
También deja en suspenso el proceso de renovación del Consejo del Poder Judicial para aplicar otro modelo de elección
MADRID
El Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno a la modificación de la Ley de Tasas Judiciales, que otorga el beneficio de la justicia gratuita a colectivos como las víctimas del terrorismo o las de violencia de género y rebaja la cuantía variable de las tasas para personas físicas. También ha dejado en suspenso el proceso de renovación de vocales del Consejo del Poder Judicial para aplicar un nuevo modelo del Gobierno.
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El Congreso de los Diputados ha aprobado las modificaciones de la Ley de Tasas judiciales, que reduce su cuantía e incluye nuevos supuestos para acogerse a la justicia gratuita. El nuevo Decreto, ratificado por la mayoría parlamentaria popular, reduce la cuantía variable de las tasas judiciales establecida por el ejecutivo e incluye nuevos supuestos que podrán acogerse al beneficio de la justicia gratuita, como las víctimas de la violencia de género o víctimas del terrorismo. Los diputados también han rechazado tramitar el decreto como un Proyecto de Ley.
La modificación de la Ley de Tasas ha sido aprobada con 178 votos a favor y 138 en contra. Este nuevo Decreto también pone un límite a las tasas aplicadas a las reclamaciones de, por ejemplo, multas de tráfico, al igual que equipara las exenciones de los funcionarios a las del resto de trabajadores a la hora de abonar estas tasas. También incluye que serán los bancos, y no el desahuciado, quienes carguen con las costas y tasas de un proceso de ejecución hipotecaria.
El Ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha defendido tanto la aplicación de tasas a la justicia como su nueva modificación. Ha señalado que se amplía el beneficio de la justicia gratuita "a diversos colectivos especialmente afectados", algo que ha definido como "un paso extraordinariamente importante". El titular de la cartera de justicia también ha señalado que la disminución en la recaudación será de una incidencia "poco significativa" que ha cifrado en un 5% menos con respecto a la actual.
Desde los grupos parlamentarios de la oposición, las críticas han ido dirigidas tanto a un posible recorte de derechos fundamentales de los ciudadanos como a lo que han coincidido en definir como "afán recaudatorio" del ejecutivo. Desde el grupo parlamentario socialista, el exministro de Interior Antonio Camacho ha señalado que "nunca he visto una norma tan corta que afecte a tantos derechos de los ciudadanos", añadiendo que "la crisis no puede servir de excusa para ". Joan Tardá (ERC) ha acusado a Ruiz-Gallardón de "ejercer de sepulturero" y no de Ministro, mientras que Emilio Olabarría (PNV) ha definido como una "aberración" la "legislación para algunos y no para todos".
El hemiciclo también ha avalado la paralización de la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Un proceso que queda en suspenso para poder aplicar el nuevo modelo de elección diseñado por el Gobierno y que se encuentra en fase de trámite parlamentario. El Pleno del Congreso de los Diputados ha acordado, con los votos del PP y la abstención de CiU, tramitar de urgencia y por el procedimiento de lectura única este proyecto de ley.
