La reforma de las pensiones respeta los pactos alcanzados antes de abril

El Real Decreto-ley que modifica las condiciones de las jubilaciones anticipadas, las parciales y las prejubilaciones respeta los acuerdos alcanzados antes del 1 de abril en el marco de ERE, convenios colectivos, acuerdos de empresa o decisiones concursales. En estos casos, aunque sus efectos se hagan sentir después del 1 de abril, se aplicará a los afectados la normativa anterior. El único límite: que esos efectos se dejen sentir antes del 1 de enero de 2019.

Las personas afectadas por pactos de empresa, convenios, ERE o decisiones en el marco de un procedimiento concursal "aprobados, suscritos o declarados" antes del 1 de abril de 2013 no tienen que temer que las nuevas normas sobre jubilación o prejubilación les afecten. Para ellos, regirá la normativa anterior, incluso la anterior a la reforma de pensiones de 2011, que no llegó a entrar en vigor en estas materias. Incluso si esos pactos contemplan aspectos que se aplicarán después del 1 de abril (por ejemplo, un programa de jubilaciones parciales a ejecutarse en los próximos años) lo pactado será respetado y se regirá de acuerdo con la normativa anterior. Hay una excepción: que esos efectos no se dejen sentir más tarde del 1 de enero de 2019.

Esta salvedad se incluye, según el Gobierno, para evitar que se cierren a toda prisa pactos que "blinden" a trabajadores y empresas contra la nueva regulación. Se trata de impedir, por ejemplo, que un convenio consagre las viejas normas con un horizonte de décadas. Desde el ejecutivo consideran que el margen que se da para la aplicación de los acuerdos ya alcanzados (de aquí a 2019) es suficiente para que lo previsto en ellos se desarrolle sin que ninguno de los trabajadores afectados por ellos se vea alcanzado por las nuevas normas.

Por resumir: los que se hayan quedado sin empleo antes del 1 de abril de 2013 y no vuelvan a verse incluido en ninguno de los regímenes de la Seguridad Social; los que vean su relación laboral extinguida o suspendida por ERE, convenios, acuerdos de empresa o decisiones concursales adoptadas antes del 1 de abril; y los que hayan accedido a la jubilación parcial o hayan sido incorporados a planes de jubilación parcial antes del 1 de abril (al margen de cuándo se haga efectiva esa jubilación parcial) seguirán rigiéndose por la anterior normativa de pensiones de jubilación, siempre que esas pensiones se causen antes del 1 de enero de 2019.

Para evitarse problemas, las empresas y representación de los trabajadores tienen hasta el 15 de abril para notificar a la Seguridad Social los pactos de este tipo alcanzados antes de comienzos del mes que viene.

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Subsidio de mayores de 55 años

Otra de las medidas incluidas en el decreto del Gobierno que entrará en vigor este domingo es el endurecimiento en el acceso al subsidio de desempleo para mayores de 55 años. Este endurecimiento sólo afectará a los nuevos solicitantes de esta ayuda; aquellos que ya la están cobrando (unos 380.000) seguirán rigiéndose por la normativa anterior. Unas 7.000 personas al mes solicitan este subsidio; el Gobierno calculan que los nuevos umbrales dejarán fuera al 15% de esos solicitantes.

Compatibilidad de salario y pensión

El decreto abre la puerta a que las personas con carreras largas y que hayan alcanzado la edad legal de jubilación puedan seguir trabajando, percibiendo a la vez un sueldo y el 50% de la pensión que les correspondería. A esta medida pueden acogerse los interesados desde la entrada en vigor del decreto, el domingo 17 de marzo, en principio (los trámites de las medidas nuevas siempre llevan tiempo en materia de Seguridad Social).

Conviene recordar, en el caso de los empleados públicos que llegados a la edad de jubilación quieran acogerse a esta fórmula de compatibilizar salario y pensión, que tendrán que buscarse una actividad distinta: el decreto prohíbe que esta fórmula se pueda utilizar si el empleo es público.

Empresas afectadas por la nueva normativa de prejubilaciones

Un capítulo del decreto que no afecta a los trabajadores, sino a las empresas, es el referido al que establece penalizaciones para las compañías grandes que despidan a una proporción elevada de mayores de 50 años. En este caso el decreto afectará a todas las empresas que hayan "iniciado" estos procesos a partir del 1 de enero de 2013, así que entre las posibles afectadas por esta nueva normativa podrían estar -entre otras compañías- Bankia o Iberia, que han cerrado sus despidos hace poco. Para saber si tendrán que pagar una cantidad extra por los despidos de mayores de 50 años habrá que esperar, en todo caso, a sus resultados económicos en los próximos años.