8.000 millones de recortes, pendientes de lo que dictamine el Tribunal Constitucional
El Alto Tribunal tendrá que decidir en los próximos meses si son legales los recortes sanitarios y la no actualización de las pensiones entre otras medidas del Gobierno
El Tribunal Constitucional tiene en sus manos decidir qué pasa con 8.000 millones de ahorro público. En los próximos meses tendrá que determinar si son válidas normas como el decreto de recortes sanitarios, la no actualización de las pensiones o la amnistía fiscal y su decisión puede tener un impacto notable sobre las cuentas públicas.
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El varapalo del Constitucional portugués a los recortes del gobierno de Pedro Passos Coelho no tiene por qué ser un caso aislado. En España, el Alto Tribunal tiene que decidir en los próximos meses sobre la constitucionalidad de varias medidas adoptadas por el Gobierno. El conjunto de estas decisiones del gabinete de Rajoy equivale a 8.000 millones en recortes.
El Tribunal tendrá aceptar o rechazar las razones de los gobiernos andaluz, canario, vasco y catalán para declarar que el real decreto de medidas sanitarias va en contra de la Constitución. Esto supondría dejar sin efecto el copago farmacéutico o los nuevos criterios para tener la tarjeta sanitaria entre otras medidas. En total, supondría que el Gobierno no podría ahorrar los 4.000 millones de euros con los que estimó las medidas recurridas por los gobiernos autonómicos.
Algo parecido ocurre con la no actualización de las pensiones que recurrieron al Constitucional PSOE, CiU, Izquierda Unida, PNV y UPyD. Una decisión que evitó al Gobierno un gasto de 1.900 millones de euros anuales, empezando a contar desde 2012. También penden de un hilo otros mil millones que el Gobierno previó ahorrar con medidas educativas como el aumento de las horas semanales de los docentes o no cubrir las bajas por pocos días de los profesores.
Tras una demanda de los sindicatos, la Audiencia Nacional también ha pedido al Alto Tribunal que decida sobre la supresión de la paga extra a más de 50.000 empleados de empresas públicas. También los 300 millones de euros que el Gobierno quiere recaudar con la ley de tasas judiciales y los 342 que el Ejecutivo calculó que ahorraría con la reducción de consejeros de RTVE están pendientes de lo que decida el Constitucional.
¿Es constitucional la amnistía?
Otras medidas que el Constitucional tendrá que dirimir si son o no legales son la amnistía fiscal y la reforma laboral. Con la primera de estas medidas, el Gobierno recaudó casi 1.200 millones de euros el año pasado, pese a que el PSOE recurrió la amnistía al Constitucional y pide su anulación. La reforma del mercado de trabajo también está pendiente de lo que diga el Alto Tribunal.
