El Gobierno vasco recurre ante el Constitucional la paga extra a los funcionarios
El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha adoptado esta decisión al vencer hoy el plazo de recurso y no haberse llegado a un acuerdo en el seno de la Comisión bilateral entre el Estado y el País Vasco
El Gobierno vasco ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el decreto ley de estabilidad presupuestaria del Ejecutivo central que estableció la supresión de la paga de Navidad a los empleados públicos y la liberalización de los horarios comerciales al considerar que se invaden competencias propias.
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En concreto se han recurrido cinco artículos que para el Gobierno Vasco "invaden competencias" en varias materias, entre ellas la paga extra de los funcionarios, los días libres de los empleados públicos y la regulación de los horarios comerciales. En lo que a la regulación de los empleados públicos se refiere, el Departamento de Justicia informa de que se han recurrido los artículos 2,8 y 10 del Real Decreto Ley 20/2012.
Explica que por el artículo 2 de ese decreto se decidió la no percepción de la paga extraordinaria en diciembre de 2012 a los funcionarios públicos, una decisión que el Gobierno Vasco considera que vulnera su "capacidad exclusiva para determinar la política retributiva de los empleados públicos". También se recurre el artículo 8 que modifica los artículos 48 y 50 del Estatuto Básico del Empleado Público y reduce a tres los días de libre disposición de estos y fija taxativamente las vacaciones en 22 días.
Al igual que sucede en el artículo anterior, el Gobierno Vasco estima que se vulnera su capacidad de "auto-organización" y "toma de decisiones en torno a sus propios empleados públicos". Respecto al artículo 10, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu dice que éste invade una capacidad propia como es la cuestión de los créditos y permisos sindicales.
En lo que a la regulación del comercio se establece en el citado real decreto, el Gobierno Vasco ha decidido recurrir dos artículos: el 27 y el 28 Respecto al primero, se recuerda que con él el Gobierno de Mariano Rajoy permite la liberalización de los horarios comerciales al ampliar en 18 horas semanales la jornada laboral y situar en un mínimo de 90 horas de apertura.
El Ejecutivo vasco estima que se trata de "una intromisión que vulnera la capacidad de decisión sobre una competencia que es exclusiva y que hasta ahora se ha situado en las 72 horas semanales".
Además recuerda que la normativa estatal plantea que la regulación de las aperturas en domingos y días festivos no podrá bajar de diez días al año, dos más que la actual regulación vasca. Respecto a la regulación de las rebajas, promociones y ventas de saldos, el Gobierno central permite su total liberalización, una medida que para el Gobierno Vasco "genera inseguridad jurídica en el sector".
