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El Gobierno no se querellará contra Corinna

"Interponer acciones judiciales supone utilizar los medios jurídicos del Estado, algo que el Gobierno sólo hace en favor del interés general, y en ningún caso, para realizar desmentidos" ha asegurado el Ejecutivo

En una breve respuesta el Gobierno ha dejado claro que no emprenderá ninguna acción legal contra Corinna zu Sayn-Wittgenstein por asegurar en varios medios de comunicación que había realizado trabajos gratis para el Estado.

El pasado 20 de marzo el diputado de Izquierda Unida José Luís Centella, preguntó al Ejecutivo si "tenía previsto iniciar actuaciones judiciales contra la Princesa Corinna por afirmar que ha realizado trabajos gratis para el Gobierno de España, en asuntos clasificados, delicados y confidenciales" ya que el Gobierno lo había desmentido.

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La breve respuesta del Ejecutivo "desmiente las informaciones inveraces que le afectan" y descarta que vayan a denunciar a Corinna. "Interponer acciones judiciales supone utilizar los medios jurídicos del Estado, algo que el Gobierno sólo hace en favor del interés general, y en ningún caso, para realizar desmentidos."

Tras conocer esta respuesta, José Luis Centella afirma que la actitud del PP "supone una clara dejación de sus responsabilidades". Para Centella la respuesta del Gobierno " evidencia el camino elegido por el Gobierno de Rajoy de mantener zonas oscuras en torno a la Casa Real y las relaciones del propio Ejecutivo".Y ha asegurado que si "quieren seguir hablando de transparencia, aquí tienen un buen tema por el que empezar".

Izquierda Unida ya ha preguntado varias vees al Ejecutivo sobre la amiga el rey. A principios de abril, el diputado Ricardo Sixto preguntó si Corinna usa o ha usado "recursos del Estado, como por ejemplo vivienda, parque móvil o servicios de secretaría? En su caso ¿qué ministerios se han hecho cargo de estos gastos?".

El Gobierno contestó: "Respecto al uso de medios del Estado como vehículos u otros medios, éstos se asignan a las autoridades y altos cargos establecidos en la normativa reguladora correspondiente en función de sus responsabilidades oficiales".

 
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