Un juez dice que la Constitución legitima las protestas ante las casas de políticos
El magistrado añade que todo político en democracia debe "soportar pacientemente las molestias que le causen este tipo de actos"
Un juez de Cantabria ha archivado una denuncia de un alcalde del PP por una protesta de afectados por los desahucios porque considera que la Constitución legitima las concentraciones en cualquier lugar público, incluida la puerta del domicilio de los políticos, si se desarrollan pacíficamente.
Con este argumento, el magistrado Pablo Fernández de la Vega, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Torrelavega, ha acordado el sobreseimiento de una denuncia presentada por el alcalde de esta ciudad, el popular Ildefonso Calderón, que es también diputado en el Parlamento cántabro.
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Calderón denunció a un grupo de personas a raíz de una protesta promovida por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) que empezó en la sede del PP en Torrelavega, recorrió después varias entidades bancarias y, en el trayecto, se detuvo junto al domicilio del alcalde.
El magistrado sostiene que no hay indicios de que se haya cometido falta o delito alguno de injurias, amenazas o coacciones hacia el regidor ni hacia su familia. Y en el auto, el juez señala que no se ha acreditado que se impidiera salir o entrar del edificio a persona alguna durante el tiempo que los manifestantes permanecieron bloqueando el acceso al portal.
Pero además, el juez apela a los derechos constitucionales de reunión y libertad de expresión que, en su opinión, debe tener en cuenta el alcalde, como "destacado militante y cargo político" del partido que apoya al Gobierno de la Nación. Según subraya el magistrado, la Carta Magna "legitima" a los denunciados a manifestarse contra los desahucios "en cualquier lugar público, como puede ser la calle", o ante la puerta del domicilio del alcalde.
También les ampara para mostrar su "repulsa" hacia la política del Gobierno en esta materia y pedir cambios, siempre que lo hagan "pacíficamente" como, a su juicio, ocurrió en este caso.
Por último, el juez añade que "todo cargo político en un régimen democrático" debe "soportar pacientemente las molestias que le puedan causar este tipo de actos, ya que también se aprovecha de las indudables ventajas" del cargo, de modo que la protección del honor y la intimidad "disminuye", aunque no se "diluye" totalmente.
