Interior prohíbe a los agentes utilizar el término 'escrache'
La Dirección Adjunta Operativa da instrucciones a las comisarías y dependencias policiales para que sustituyan el término 'escrache' por "coacciones o amenazas" en escritos y diligencias
El Sindicato Unificado de Policía denuncia que la Dirección General obligue a la Policía a hablar de amenazas o coacciones ya que supone imputar un delito al ciudadano que se manifiesta. Piden a los agentes que no cumplan la orden en esos términos y los sustituyan por "movilizaciones pacíficas o seguimientos".
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Interior prohíbe a sus agentes utilizar el término 'escrache'. La Dirección Adjunta Operativa ha remitido una nota urgente a todas las comisarías y dependencias policiales del país ordenando que deje de emplearse el término. A partir de ahora - la instrucción tiene fecha del pasado 19 de abril -, cuando los agentes se personen en una de estas protestas contra las autoridades políticas todas las comunicaciones, escritos y diligencias que notifiquen los agentes tendrán que incluir la acepción en castellano y hablar de "acoso, coacciones o amenazas". Estas son las opciones que da Interior en su nota interna y que han generado el rechazo de algunos colectivos policiales.
El Sindicato Unificado de Policía denuncia que con estos términos se imputa directamente un delito al ciudadano que sea identificado durante una de estas movilizaciones y piden que se sustituya por "movilizaciones pacíficas o seguimientos". Según José Manuel Fornet, su presidente, "en un escrache, seguimiento o manifestación pacífica, puede haber, o no, coacciones, amenazas o acoso. Lo que hace la Dirección General es decir que debemos imputar esos hechos delictivos en todos los 'escraches'. Puede ocurrir con esta criminalización masiva que hagamos una denuncia y el político presuntamente acosado, amenazado o coaccionado no ratifique nuestra denuncia ante el juez, lo que podría originar más tarde que los denunciados denuncien a los policías por denuncia falsa". Con este argumento desde el sindicato piden a los agentes no obedecer la orden en esos términos en pro de la protección jurídica de los manifestantes y de los propios agentes. Y recomiendan a los agentes "no imputar a nadie ningún acto delictivo sin poder demostrar que se ha cometido". La mejor opción, según el portavoz policial, es "que sea primero el acosado o amenazado quien presente la denuncia" y después incluir los atestados policiales de los hechos.
La instrucción de la Dirección Adjunta Operativa - adjunta al Ministerio de Interior - es de obligado cumplimiento para los agentes.
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