Archivada la causa contra un pakistaní acusado de ser "un peligro para la seguridad del país"

A Fisarat el Ministerio del Interior le revocó el estatuto de refugiado por un film de 70 minutos en contra del Islam que distribuyó desde EEUU a través del Pastor Terry Jones. La idea era difundir el tráiler de caricaturas contra Mahoma desde Madrid y de hecho se publicó en la red un anuncio con imágenes de la bandera española de fondo en la plaza de Colón haciéndose preguntas del tipo "si Mahoma es un santo o un asesino y violador de niños".

El video se distribuyó finalmente desde EEUU pero Interior le revoca su asilo político porque el anuncio del video supone "una amenaza a la seguridad nacional". El pakistaní residente en Madrid desde hace siete años estaba imputado por el delito 510 del Código Penal, un delito que castiga la incitación al odio y a la violencia por motivos raciales, ideológicos o religiosos. Ahora el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid archiva provisionalmente esta imputación "por no resultar debidamente justificada la perpetración del delito". Los tribunales avalan la argumentación de Fisarat que asegura "que nunca tuvo intención de incitar a la violencia y menos aún causar problemas al país que le ha acogido" y que decidió no publicar su película en España cuando vio el revuelo que se había formado.

Lo que se sigue dirimiendo en la Audiencia Nacional es el recurso que Inram Fisarat interpuso contra la decisión de Interior de revocar su condición de refugiado. La condición de refugiado se le revocó el pasado mes de diciembre. Fisarat decidió recurrir esta decisión de Interior en la Audiencia Nacional y la Audiencia todavía no se ha pronunciado. Si la Audiencia Nacional acepta la revocación del Ministerio de Interior quedará en situación de inmigrante irregular y podría ser expulsado del país. Después podría ser incluso extraditado a Pakistán.

El caso se está estudiando pero según fuentes jurídicas con esta resolución de la Audiencia Nacional Inram Fisarat ya no va a ser uno de los casos afectados por los cambios que el PP ha hecho en la Ley de Extranjeria para poder expulsar a refugiados protegidos internacionalmente. Todavía no está claro de todas formas. El PP introdujo dos modificaciones a la Ley de Extranjería durante la tramitación de la nueva ley del Poder Judicial. Según estas modificaciones España podrá devolver a su país de origen a un extranjero con estatuto de refugiado siempre y cuando "sea un peligro para la seguridad del Estado". La Comisión de Ayuda al Refugiado denuncia que estos cambios vulneran convenios internacionales como la Convención de Ginebra. España es uno de los países europeos que menos permisos de asilo concede.