El Parlamento aprueba la polémica reforma de la ley de costas

A pesar de las críticas generalizas de la oposición, el Congreso de los Diputados ha aprobado la polémica reforma de la Ley de Costas que ha realizado el gobierno del Partido Popular. Entre los cambios aprobados destaca ampliar a 75 años las concesiones para las miles de viviendas y negocios privados que están situados ahora en la zona pública de protección de la costa

Las críticas de los principales partidos de la oposición y de todos los grupos ecologistas no han sido suficientes para que el gobierno diera marcha atrás. Al final, y gracias a la mayoría absoluta del PP, el Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de la Ley de Costas, que establece dos grandes cambios: amnistía a 12 núcleos costeros (como el de Xilxes, situado en Castellón) y amplía a 75 años las concesiones a las viviendas y negocios situados en la cotizada primera línea de playa.

Pero, esta vez, la novedad no ha estado en el debate parlamentario, sino en el exterior de la Cámara Baja. Ocho activistas de Greenpeace han intentado escalar la fachada del Congreso y uno de ellos ha conseguido subir hasta el tejado, donde ha desplegado una pancarta gigante, en la que se podía leer: "El PP vende nuestra costa".

Sin embargo, a los pocos minutos, la policía detuvo a este grupo de Greenpeace por esta acción pacífica de protesta y los ha trasladado a las dependencias de la Brigada de Información de Madrid, donde han sido acusados de un delito contra las instituciones del Estado.

Mientras se realizaba esta acción de protesta, dentro del hemiciclo, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, (el "padre" de esta reforma) defendía esta normativa asegurando que está "muy trabajada". "Cuando se lee en su integridad" -ha insistido el ministro-, "se ve que aumenta la protección y va a proporcionar instrumentos más potentes para combatir las barbaridades urbanísticas, como el del Hotel de El Algarrobico".

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Sin embargo, el Partido Socialista e Izquierda Unida están estudiando presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, porque consideran que esta reforma legal favorece la privatización del litoral a través de la desafectación del carácter del dominio público a determinados terrenos, como salinas o marismas, entre otros, de forma que se les despoja de esa protección ambiental que les confiere el carácter público.

Además, los principales grupos ecologistas de nuestro país (Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF) creen que hoy es también "un día de duelo" porque, a su juicio, la reforma de la ley de costas no tiene "ningún espíritu de protección por mucho que lo diga el ministro de Agricultura", según ha afirmado Pilar Marcos, la responsable del área de costa de Greenpeace.