El juez insiste en la investigación contra Miguel Blesa antes de dejar el caso

Insiste en la necesidad de investigar si "una gestión nefasta ha podido resultar significativa, pudiendo llegar a ser incriminable". La cifra del rescate, dice el juez, lleva a pensar que "se hubiese incurrido durante años, por los máximos responsables de Caja Madrid", en prácticas contrarias "al buen hacer bancario".

El magistrado del juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Elpidio José Silva ha resuelto el recurso de Miguel Blesa contra las diligencias practicadas el pasado 7 de diciembre, que llevaron a prisión al banquero. En un auto del pasado 27 de mayo, tres días antes de ser apartado del caso mientras la Audiencia Provincial de Madrid decide sobre la recusación planteada por la defensa de Blesa, el juez insiste en la investigación de los créditos fallidos a Gerardo Díaz Ferrán así como la venta de una entidad bancaria en Florida.

Primero, se mantiene en la necesidad de reabrir la causa, archivada provisionalmente en 2010 a raíz de una denuncia de Manos Limpias y activada el pasado junio de 2012. Insiste en el escrito en las "las diferentes circunstancias económicas a partir de 2010" -fecha de la denuncia-, "frente a las coordenadas económicas que saturan a la sociedad española en el momento de reapertura". Y va más allá. "A todas luces, la actual situación económica gravita muy singularmente sobre Bankia, como heredera directa del caso de Caja Madrid, en tanto que viabiliza la nacionalización bancaria".

En definitiva, "se trata de dilucidar si en el epicentro de la crisis bancaria relacionada con Caja Madrid, en realidad, la verdadera génesis no se halla en la crisis de las 'suprime', sino, más bien, en la pésima gestión de los gestores bancarios". En el auto gravita la idea de que la ausencia de buenas prácticas bancarias explicaría en buena medida "el colapso de las entidades".

El juez entiende que es imprescindible determinar si la administración desleal y una gestión inadecuada serían las causas directas de los "daños económicos inferidos a Caja Madrid". Y en cuanto al caso concreto, saber si los créditos concedidos tenían garantías efectivas y no sólo a la merced de la buena fe del prestatario, es decir, si "se debieron pignorar las acciones" de los créditos a Díaz Ferrán, hecho que no se llevó a cabo, explicar por qué. Respecto de la compra del City National Bank of Florida en 2008 -mantiene el magistrado- "se debió tener en cuenta la escasa implantación en Estados Unidos por parte de Caja Madrid", entre otras cosas.

Con estos argumentos el escrito incide en la necesidad de abrir diligencias de investigación, más aún cuando las declaraciones que posteriormente hicieron los directivos financieros refuerzan la hipótesis de la falta de garantías. Uno de ellos, Gonzalo Alcubilla, evidenció "la mala gestión a nivel intencional y ejecutivo" al no poder concretar las garantías de Caja Madrid para asegurarse de que Díaz Ferrán devolvería los créditos. Como es el caso de los 7 millones de euros de los que dispuso el exconsejero basándose en una oferta únicamente "indicativa" de compra de viajes Marsans por parte de Orizonia y no en firme como apuntaban las condiciones contractuales.

Este sería sólo un ejemplo, dice el juez, de prácticas que se saltan los principios de buena gestión de riesgo. "Conductas larvadas, generadas en la oscuridad de comités y esparcidos sobre múltiples informes" los cuales impiden penetrar en el 'iter criminal' de forma detenida y minuciosa. La reapertura "estaba sobradamente fundada" y no pueden exigirse para ello evidencias que solo pueden derivar de una "muy laboriosa" instrucción posterior, concluye.

Registros policiales

La defensa de Blesa planteó que el juez había abierto una "causa general" y apelaban a que algunas diligencias afectaban al derecho "a la intimidad del imputado" Miguel Blesa. En referencia al registro policial y volcado de los emails de dos ordenadores del expresidente de Caja Madrid en una de las sedes oficiales de Bankia. El juez mantiene que en un correo corporativo no cabe el derecho a la intimidad, las comunicaciones empresariales pertenecen a la entidad.