Rousseff anuncia un plebiscito para la reforma política mientas las protestas continúan
El objetivo de la presidenta, que pospone el referéndum hasta octubre, es que las medidas entren en vigor para las elecciones presidenciales de 2014
El Gobierno brasileño ha anunciado que antes de octubre convocará un plebiscito sobre la reforma política que se exige en las calles, pero eso no ha aplacado a los indignados, que han vuelto a manifestarse y anuncian grandes protestas los próximos días.
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La mandataria dedicó el día a analizar su propuesta con diversos sectores del país, recibió más rechazos que adhesiones y pareció que su idea agonizaba antes de nacer, pero al caer la noche tomó forma y finalmente será un plebiscito, aunque sin la Asamblea Constituyente que había planteado este lunes. "No hay tiempo para realizar una Constituyente", como este lunes propuso Rousseff, y la "Cámara de Diputados se manifestó en contra", por lo que "la única convergencia posible es el plebiscito", dijo el ministro de Educación, Aloizio Mercadante.
La decisión de convocar la consulta en ese plazo obedece a que se pretende que la reforma política esté en vigor para las elecciones presidenciales y parlamentarias que se celebrarán en octubre del 2014 y, según la ley, para eso debe ser aprobada un año antes.
En el plebiscito, los brasileños opinarán sobre diversos aspectos de la reforma, como si la financiación de las campañas debe ser sólo pública o tener participación privada, aunque Mercadante aclaró que las preguntas serán definidas en los próximos días, incluso junto con los líderes de la oposición. "Queremos una reforma política con una amplia participación popular", aseguró.
El anuncio ha sido hecho en medio de nuevas protestas, convocatorias de otras manifestaciones para los próximos días y la adhesión de los sindicatos al malestar, con un llamado a una "jornada de luchas" para el 11 de julio próximo. La decisión de Rousseff pareció espolear al Parlamento, que desde hace quince años discute la reforma política sin ningún resultado y ha anunciado su intención de desempolvar una serie de proyectos que tramitan desde hace años y están en línea con las exigencias de las manifestaciones, que claman por mejores servicios públicos.
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