Todos los grupos parlamentarios aprueban una iniciativa en defensa del sector del naval

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una proposición no de ley de todos los grupos para defender el sector naval español, al que la Unión Europea le reclama la devolución de unas ayudas fiscales ('tax lease') por importe de unos 2.000 millones, que supondrían su desaparición.

La iniciativa ha sido respaldada por unanimidad el día antes de que se celebre este miércoles en Bruselas una reunión de los comisarios europeos en la que se decidirá qué cantidad ha de reembolsar España. El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha planteado que las ayudas fiscales sean devueltas por los inversores y no por los astilleros y armadores.

En la proposición se asegura que un eventual reembolso supondría un "grave" trato discriminatorio respecto a Francia, que en un expediente similar fue eximida por aplicación del principio de seguridad jurídica. Asimismo, se alerta de que abocaría directamente a la "ruina" al sector naval español, que exporta el 90% de todo lo que produce, y acabaría repercutiendo en los intereses de la Unión Europea con una deslocalización de la industria naval hacia los astilleros de los países asiáticos.

Los grupos parlamentarios firmantes advierten de que alrededor de 87.000 empleos y 19 astilleros privados, armadores nacionales e internacionales y una "voluminosa" industria auxiliar corren el riesgo de desaparecer si la Comisión obliga a España a devolver las ayudas fiscales al naval, el llamado 'tax-lease', recibidas entre 2005 y 2011 y que ascienden a 2.000 millones.

Los partidos resaltan además que el sector naval nacional ha sufrido a lo largo de los últimos años una importante pérdida de actividad directamente proporcional al incremento de cartera de los países denunciantes de los astilleros españoles.

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En la iniciativa conjunta se afirma además que la actividad de este sector se ha visto diezmada por la ausencia de un mecanismo de financiación para competir en igualdad de condiciones con el resto de miembros de la UE.

Por el Grupo Mixto Enrique Álvarez ha acusado al socialista Almunia de ser el "destructor" de varios sectores españoles; Olaia Fernández Dávila ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se implique más en esta lucha; y Jon Iñarritu ha dicho que en el País Vasco la decisión de la UE pone en riesgo el "pan" de más de 6.000 familias, lo que no se puede "permitir".

Para Pedro Azpiazu (del PNV) este miércoles se puede cometer una "tropelía", un "gravísimo error" de un socialista que tendrá consecuencias "irreparables" para los astilleros y sus trabajadores.

Carlos Martínez (UPyD) ha pronosticado que será una mala noticia para el país y el empleo, pero ha dicho no entender que se hayan dejado pasar siete años "por no tomarse en serio las leyes".

Gaspar Llamazares (por Izquierda Plural) ha rechazado la "política financiera" de la UE porque "desprecia" la actividad económica y ha criticado el "optimismo" de Rajoy sobre la naval.

Inmaculada Riera (CiU) ha pedido a la Comisión que reconsidere su posición y aplique los principios de seguridad e igualdad como se hizo con Francia.

María Luisa Carcedo (PSOE) ha demandado del Gobierno un plan industrial de la naval aunque la solución de este miércoles pueda ser "favorable".

Tristana Moraleja (PP) ha agradecido a todos el apoyo a un sector que está "sentenciado de muerte" por un comisario español de forma "injusta y arbitraria".