Rajoy centrará su comparecencia en el Congreso en la defensa de sus políticas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecerá el próximo jueves 1 de agosto en el Congreso, después de que el resto de partidos en la oposición le presionaran amenazando con presentar una moción de censura. Rajoy tendrá que dar explicaciones sobre el «Caso Bárcenas» pero, además, prevé un debate largo en el que analizará la situación económica de España. Con independencia de su intervención, PSOE y IU pedirán su dimisión. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afronta con tranquilidad y «sin nada que temer ni esconder» su comparecencia del próximo jueves ante el pleno del Congreso para dar explicaciones sobre el caso Bárcenas y en la que garantizará que él está a la cabeza de la lucha contra la corrupción. Rajoy, según han informado a Efe fuentes del Ejecutivo, ultimará en los próximos días los detalles de su intervención ante los diputados, aunque los ejes de la misma «están claros desde hace tiempo» y responden a los mensajes que ha ido desgranando en los últimos meses. Entre ellos, que nadie puede chantajear al Estado, que él nunca ha cobrado dinero negro en su partido ni en ninguna otra parte, que este asunto no va a marcar el ritmo del Gobierno y que va a agotar su mandato y a seguir adelante con las reformas que considera que están permitiendo que España esté empezando a dejar atrás la crisis. La economía ocupará gran parte de su comparecencia, y, de hecho, la petición realizada por Rajoy para acudir a la Cámara baja tiene por objeto informar de la situación económica y política del país. Un enunciado criticado por la oposición al considerar que pretende esconder el caso Bárcenas en medio de un debate sobre la situación económica. Las fuentes del Ejecutivo rechazan que, con ello, Rajoy intente rehuir este asunto, y, de hecho, recuerdan que el grupo popular ha aceptado dos solicitudes (una de Izquierda Plural y el Grupo Mixto, y otra de CiU y PNV) para que el jueves dé explicaciones por el caso del extesorero del PP. No obstante, el Gobierno defiende la legitimidad de Rajoy para hablar también de algo tan relevante como los últimos datos económicos que se están conociendo, entre ellos la última encuesta de población activa (EPA). «Nada ni nadie va a poner freno al camino emprendido para superar la crisis», es lo que aseguran que, con palabras similares, dejará claro Rajoy el día 1 de agosto ante los diputados. El presidente del Gobierno, tal y como dijo días atrás, dará su versión sobre el caso Bárcenas, pero, según precisó la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes, «no entrará en estrategias procesales» de algunos. Lo que sí hará es renovar su compromiso y el del PP contra la corrupción acelerando las medidas que está impulsando el Gobierno y que se presentaron en el debate sobre el estado de la nación del pasado mes de febrero. Entre ellas, la Ley de Transparencia, que está en tramitación parlamentaria y que, de momento cuenta con el rechazo del PSOE, algo que afeará Rajoy al líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la sesión plenaria. El jefe del Gobierno expondrá también otras medidas avanzadas como la ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos, que incluirá el establecimiento del procedimiento de aprobación de las cuentas en los estatutos de los partidos y la fiscalización por el Tribunal de Cuentas de todos los ingresos y gastos de las fundaciones de los partidos. También, la regulación de los procedimientos de contratación de los partidos y de la figura de su responsable de la gestión económico-financiera, que tendrá el deber de colaborar con el Tribunal de Cuentas y comparecerá anualmente ante el Parlamento. Rajoy avanzó igualmente en febrero una ley orgánica reguladora del ejercicio de las funciones políticas para, entre otras medidas, regular la publicación de las declaraciones tributarias, de bienes y actividades de los cargos públicos y limitar las compensaciones tras un cese. Las medidas anticorrupción presentadas en el debate sobre el estado de la nación incluían una reforma del Código Penal para endurecer las penas de los delitos asociados con la corrupción y ampliar los plazos de prescripción de los mismos. A ello se sumaba una reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar la tramitación de los procesos penales por delitos relacionados con la corrupción y la regulación parlamentaria de los grupos de interés (lobbies). El PSOE ya ha avanzado que, con independencia de la intervención de Rajoy, Rubalcaba pedirá su dimisión con el argumento de que ha perdido su autonomía política porque está pendiente de las revelaciones que puedan surgir cada día en el caso del extesorero del PP. Desde IU, su coordinador federal, Cayo Lara, también se sumará a esta petición de dimisión, aunque le exigirá que antes de abandonar convoque elecciones anticipadas, una línea que podrían seguir otros partidos minoritarios de izquierda, mientras que UPyD prefiere aguardar a conocer las explicaciones de Rajoy antes de fijar posición. Los nacionalistas de CiU y PNV confían en que el pleno sirva para serenar el debate político.