El Supremo sienta en el banquillo al juez de las ITV de Cataluña
Se le acusa de un delito de de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos por asesorar a empresarios del negocio de las ITV
El Tribunal Supremo ha decidido abrir juicio oral contra el exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Joaquín José Ortiz Blasco, acusado de asesorar activamente a empresarios del negocio de las ITV cuando él mismo era el encargado de resolver sobre numerosos recursos de ese asunto. El auto de la Sala de lo Penal desvela que la supuesta relación de amistad entre el magistrado y los empresarios era tan estrecha que existen fotos de un viaje en común que realizaron a Croacia en abril de 2010.
Más información
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido abrir juicio oral contra Joaquín José Ortiz Blasco, el entonces juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, acusado de haber estado asesorando activamente a empresarios del sector de las ITV en esta comunidad. Asesoramiento que, según dicen los jueces, se habría estado produciendo de forma continuada y aún cuando la Sección del Tribunal que presidía este juez era en la que recaían todos los recursos relativos a este tema. Los magistrados del Supremo le atribuyen un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos en abuso de su función, y calculan que asesoró a los empresarios hasta en 13 asuntos distintos.
En concreto, el entonces juez habría estado asesorando a Ricard Puignó y Enrique Marugán, empresarios dueños de CERTIO, entidad adjudicataria de licencias de ITV en Cataluña y participantes en varios recursos contra la legislación reguladora de este tema. Un asesoramiento que, según el Tribunal Supremo, "no puede entenderse como una mediación", sino que les asesoró fuera de los casos permitidos por la Ley cuando "debería haberse abstenido".
Correos y llamadas telefónicas
Los jueces del Tribunal Supremo llegan a esta conclusión a partir de una variedad de correos electrónicos y llamadas telefónicas intervenidas entre el juez y algunos de los empresarios. Correos y llamadas que desvelan, según el auto, un "flujo constante de comunicación" entre el magistrado y los dos empresarios, dándoles consejos sobre los distintos procesos judiciales relacionados con las ITV en los que él participaba como juez.
En un correo, fechado en el 5 de mayo de 2010, Ortiz remite al empresario Puignou el borrador de un escrito para interponer recurso contra un decreto regulador de las ITV, y según dice la Sala "cualquier lector sagaz advertirá que dos días después, una empresa asociada a Puignou interpuso recurso contencioso administrativo contra ese decreto". En otros correos referenciados en el auto, Puignou se dirige al juez con tono imperativo, diciendo: "Ha salido el concurso de las ITV Cataluña. A correr", a lo que el juez contesta "La final de supervivientes llega".
El Tribunal Supremo también ha tenido en cuenta llamadas telefónicas intervenidas al acusado. Indican que el entonces juez se reunía con las Letradas de la Generalitat de Cataluña, con "todo su empeño en una hoja de ruta: conseguir una nueva ley de la Generalitat que incida en el interés público de las ITV" y favorecer a los empresarios.
Cenas habituales y fotos en un barco
El auto de la Sala de lo Penal es prolífico en cuanto a la estrecha relación que supuestamente mantenía el entonces juez con estos empresarios. Indica que se reunían a comer o cenar en un restaurante "habitual", al menos desde 2010, y que existen fotos de un viaje en común de Ortiz, Puignou y Marugán a la localidad croata de Dubrovnik en abril de 2010, con fotografías "a bordo de una embarcación que surca el mar Adriático".
Un negocio "extraordinariamente conflictivo"
El auto señala que el panorama de las ITV en Cataluña ha sido "extraordinariamente litigioso y conflictivo" desde sus orígenes, "dados los intereses económicos en juego". Hace alusión el Tribunal Supremo a los cambios de legislación que se produjeron en 2004 y 2010 en diversos decretos, cambios que fueron objeto de catorce recursos contencioso-administrativos resueltos siempre por la Sección del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que presidía el juez ahora encausado.
Al magistrado Joaquín José Ortiz Blasco se le concedió a finales de junio el traslado a la plaza del Registro Civil central 2 de Madrid, pero en julio fue apartado de todas sus funciones a la espera del juicio oral. Actualmente está suspendido como juez por el Consejo General del Poder Judicial. Como magistrado del TSJ de Cataluña, participó en cinco recursos relacionados con las licencias de ITV.
El instructor Miguel Colmenero no dicta medidas cautelares dado que no han sido solicitadas por la acusación, y la sala encargada del enjuiciamiento será la Sala Segunda del Supremo.
